El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, ha sostenido que la nueva reforma local, que se aprueba esta tarde en el Congreso, "tiene que ir en paralelo" con una nueva financiación autonómica y local porque, si no, la primera "en muchas cuestiones no se puede aplicar".

Así lo ha señalado durante una comparecencia ante el pleno de las Cortes autonómicas solicitada por el PSOE sobre las repercusiones en Aragón de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

Suárez ha precisado que "una de las cuestiones que habrá que arreglar ahora", que "queda pendiente" y que la reforma referencia a la nueva financiación autonómica es el coste de mantenimiento de la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Sobre la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, ha comentado que "si es buena, para Aragón lo es doblemente" porque "se recoge específicamente el modelo territorial aragonés" en una norma que es "de las más importantes del elenco jurídico español", algo que "queda muy clarito" gracias a una enmienda presentada por el PAR en el Senado y aceptada con un texto transaccionado.

Esto "refuerza" el Gobierno de coalición PP-PAR en la Comunidad, así como la ponencia creada en las Cortes autónomas para reordenar las competencias de las Administración en este territorio, ha enfatizado Suárez.

En este punto, ha pedido a los grupos parlamentarios que "se esfuercen" y "a ver si tenemos pronto, en pocas semanas", esa distribución competencial que la Comunidad "tanto necesita" para lo que "tendrán el apoyo del Departamento".

Contenido básico

El consejero ha aclarado que la sujeción a la propia ley que se menciona, para aplicar el régimen especial de organización institucional previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón en materia de régimen local, se refiere "al contenido básico" de la misma "no a toda la ley de bases".

Asimismo, ha argumentado la necesidad de reformar esta ley, de 1985, porque desde entonces se han aprobado Estatutos de Autonomía, con sus respectivos desarrollos, de forma que "muchas de las competencias que en esta ley ahora pasan de los ayuntamientos a las Comunidades" en los Estatutos ya se recogen así.

Sobre las bondades de la reforma, ha dicho que su finalidad es "garantizar la prestación de todos los servicios públicos, reordenando competencias no solo en la Administración local", sino que también afectan a las Comunidades y la Administración General del Estado, con el objetivo de prestarlos con "calidad y costes razonables".

Ha agregado que "no he visto ninguna privatización de ningún servicio" en la nueva ley y ha apuntado que los municipios podrán prestar sus competencias propias, las delegadas y las impropias, estas últimas "siempre que no se duplique la prestación, haya financiación para cumplir con las propias" y sostenibilidad financiera.

DESAPODERAMIENTO

El portavoz del PSOE, Javier Sada, ha opinado que la reforma local se ha hecho con una tramitación "chapucera", "sin consenso", "sin sostenerse en ningún informe serio" y pretende el "desapoderamiento de los ayuntamientos", propiciando el ahorro económico, pero a través "de la desaparición de los servicios, no mejorando la gestión".

Igualmente, ha considerado que el PP, impulsor de esta nueva ley, "cambia participación y control democrático por control financiero y económico", para señalar que el consejero "no ha defendido" a Aragón y ha mostrado sus "dudas" sobre la efectividad de la enmienda del PAR ya que "pone por debajo una ley orgánica —el Estatuto— de una ley básica".

El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha esgrimido que "estamos hablando de un modelo de recentralización" y "basando en la estabilidad presupuestaria" y en la "privatización de servicios", sin "ningún consenso", para precisar que cuando, por ejemplo, se habla de Navarra no se supedita a la ley por lo que "enhorabuena hasta donde se puede" por la enmienda del PAR, para asegurar que "invade competencias autonómicas".

El diputado de IU, Luis Ángel Romero, ha manifestado que esta reforma pretende "ahorrar recursos a través de los recortes de los servicios públicos" y sobre la enmienda del PAR ha dicho que este grupo "se ha comportado como un veleta, cambiado para no conseguir nada".

El diputado del PAR, Alfredo Boné, ha respondido a las valoraciones sobre la enmienda de su grupo en el Senado que el reconocimiento expreso del régimen de organización local previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón "no es habitual" y "ahora firmaría porque en todas las leyes básicas se reconociera la singularidad" de la Comunidad.

La diputada del PP, María del Mar Vaquero, ha recalcado que la finalidad de la nueva ley es "garantizar la prestación de los servicios públicos con calidad y eficiencia" y ha criticado las "continuas dilaciones" del PSOE en la ponencia de las Cortes de Aragón sobre la reordenación competencial, partido del que ha dicho que "da patadas al tablero en vez de mover ficha".