El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha criticado la regulación "incompleta y defectuosa" del ordenamiento jurídico en relación "con los problemas que presenta la tutela ambiental" y ha lamentado la "ausencia", en la legislación, de una "acción civil pública" para estos casos, lo cual permitiría revertir la "carga la prueba", beneficiando a las víctimas de las catástrofes como la del Prestige.

En su comparecencia en la Comisión Institucional del Parlamento de Galicia, Carlos Varela ha apostado, de esta forma, por que se incluya en el ordenamiento jurídico la "legitimación del ministerio fiscal para el ejercicio de una acción de responsabilidad civil objetiva", lo que cual le permitiría asumir un papel social relevante en consonancia con la naturaleza y objetivos en la protección de los intereses comunitarios y en la defensa del medio ambiente.

El fiscal superior de Galicia ha explicado que con una acción civil pública lo que habría que "demostrar" es que el barco iba en condiciones de navegación, al "invertirse la carga de la prueba", y por lo tanto hubiese "bastado con acreditar la actividad peligrosa causante del daño en sí mismo, convenientemente cuantificado".

De esta forma, ha continuado, sería el demandado (por ejemplo, la clasificadora ABS), el que tendría que desmontar la prueba, alegando las causas eximentes de responsabilidad, al respecto de lo que ha puesto como ejemplo causas meteorológicas excepcionales que provocasen un hundimiento.

"resultado insatisfactorio"

Carlos Varela ha calificado de "resultado insatisfactorio" el obtenido por la acción penal ejercida por el Ministerio Fiscal en el caso del 'Prestige', la cual pretendía una condena por delito medioambiental y la consiguiente reparación indemnizatoria civil de las consecuencias derivadas de la contaminación.

A su juicio, y pese a las "dificultades técnicas que presenta la interposición de un recurso de esta naturaleza", el fiscal considera que "existen suficientes argumentos que permiten acreditar la equivocación del tribunal en la apreciación y valoración de la prueba documental".

Carlos Varela mantiene una "espera optimista" de la sentencia definitiva, a la espera de lo cual critica la "regulación incompleta y defectuosa" en el ordenamiento jurídico", puesto que la lucha contra las infracciones que "sacrifican el equilibrio ecológico y otros intereses difusos y colectivos, debe ser establecida a través de la creación de un amplio frente de instrumentos jurídicos de protección".