El pleno del Senado ha aprobado por unanimidad una iniciativa en la que insta al Gobierno a ejercer las acciones legales pertinentes en todas las instancias (nacional, europea e internacional), si el Estado considera que hay base legal, en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña por el accidente del Prestige, que se produjo hace once años.

Así, los seis grupos de la Cámara Alta han aprobado por asentimiento una enmienda de modificación planteada por el PP sobre la base de una moción del grupo socialista en el Senado.

Además, la iniciativa insta al Gobierno que se procure el resarcimiento económico "íntegro" de todas las administraciones españolas, estatales, autonómicas y locales, así como de los particulares que no hubieran sido resarcidas.

Asimismo, pide que se apruebe "a la mayor brevedad" el Plan Estatal de la Rivera del Mar y Lucha contra la Contaminación por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio del Interior y colabore en la redacción de los planes territoriales y locales de protección de la rivera del mar y lucha contra la contaminación.

La Cámara quiere también que se dé un impulso a las medidas de la Ley de Protección del Medio Marino para poner en marcha los mecanismos de coordinación interadministrativa de seguimiento de las estrategias marinas de la Directiva Marco de forma que se garantice la participación de las comunidades autónomas en cuanto afecte a sus competencias.

Igualmente, plantea al Ejecutivo que se continúen e intensifiquen los esfuerzos internacionales y de la Unión Europea para que se elaboren planes y mecanismos de respuesta y prevención de la contaminación del medio marino, previstos en todos los Convenios firmados por España.

En la misma línea, la moción pide que se continúen la revisión del Plan Nacional de Servicios Especiales de Seguridad y Salvamento Marítimo 2010-2018, tanto en materia de recursos humanos, económicos, así como de los medios materiales para los próximos años, de modo que se garantice el estándar de calidad y eficiencia del sistema actual de salvamento marítimo español y que sigan las mismas líneas que los anteriores respecto a su gestión.

Prevención y vigilancia en la zona y personas afectadas

Por otro lado, propone que el Ministerio de Fomento desarrolle las directrices para elaborar planes de acogida de buques necesitados de refugio, según la ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Al mismo tiempo, el texto reclama que se continúe y extreme la vigilancia y seguimiento de los buques cargados con mercancías peligrosas en el dispositivo de separación de Tráfico de Fisterra, sobre todo en los canales de transporte de material a granel, creados a tal efecto tras el desastre del Prestige.

También pide al Ejecutivo que mantenga la vigilancia de la zona donde está sumergido el pecio accidentado con los medios de la Agencia Marítima Europea para monitorizar la posible aparición de escapes de fuel desde el carguero.

En materia de sanidad, insta a hacer un seguimiento en la salud de las personas que participaron en la recogida de chapapote en los dais posteriores al accidente.

Finalmente, el Senado reclama que se apliquen todas las medidas legislativas que terminen con la impunidad en cumplimiento del principio de 'quien contamina paga' impulsando las actuaciones preventivas, inspectora de vigilancia y sanción como vías para el cumplimiento de la normativa, sin menoscabo de, y respetando, las competencias de las comunidades autónomas.

En este contexto, los senadores socialistas han celebrado el consenso de su moción en la Cámara Alta para resarcir la parte económica de los daños causados por el hundimiento y para reclamar al Gobierno impulso y promoción de estrategias de salvamento y protección de las costas.

"Es necesario buscar esa justicia que aún no ha llegado, que pague quien tanto daño hizo a nuestra tierra por seguir amasando sus propias fortunas, que aprendamos de los errores y que, sin dejarnos llevar por posiciones políticas, asumamos juntos posiciones medioambientales que protejan a nuestras costas", ha manifestado la senadora socialista Paula Fernández Pena, que ha pedido al Gobierno que siga con una "clara y decidida defensa jurídica" para resarcir la parte económica porque el resarcimiento moral "parece inalcanzable".