El diputado del PSOE Javier Barrero ha manifestado este martes que con las nuevas leyes aprobadas por el Gobierno cada día hay "menos derechos y menos libertades" pero "más tasas judiciales y mas distancia para acceder a la Justicia", lo que le ha llevado a aseverar que el que acuda a un juzgado no será "un ciudadano normal" sino "un rico o un héroe".

El socialista se ha manifestado así después de que el PP votara, en la Comisión de Justicia del Congreso, en contra de una proposición no de ley contra la reforma de la Demarcación y Planta Judicial por su afección en Andalucía; y ha lamentado que el PP se niegue a renunciar al borrador de la ley y siga adelante con su intención de eliminar los partidos judiciales y limitar los juzgados a las capitales de provincia.

Eso ocasiona un problema de "diferencia de clases" a la hora de garantizar la "tutela judicial efectiva" y supone "una concepción de la Justicia, no como servicio público sino como posibilidades de ahorro", ha indicado Barrero.

Así, ha subrayado que una reforma como ésta tiene que ser consensuada y más en una comunidad como Andalucía, que tiene 87.000 kilómetros cuadrados, ronda los 8,5 millones de habitantes y cuenta actualmente con 85 partidos judiciales.

El PSOE entiende que la demarcación judicial sí puede cambiarse y ha recordado que incluso se han planteado ratios de un juzgado por cada 75.000 habitantes y nunca a una distancia superior a 1,15 horas entre el demandante del servicio y el juzgado, pero rechaza de lleno que los partidos judiciales se limiten a las capitales de provincia. En ese sentido ha advertido que de ser así, los habitantes de las zonas rurales no tendrán la tutela judicial garantizada.

Por su parte, el coordinador de la interparlamentaria del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, ha criticado que el Gobierno está "desmantelando todos los servicios públicos" y la Justicia "no es una excepción" y ha alertado de que todos los funcionarios tendrán que desplazarse a la capital de provincia, al igual que los abogados o procuradores, por lo que se pondrá en riesgo sus puestos de trabajo.

En definitiva, se trata de "una Justicia para ricos y otra para pobres, con la que solo no tendrán problemas quienes no tienen dificultades económicas", ha concluido el socialista.