El Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba ha decretado el embargo preventivo por un total superior a los 11,1 millones de euros "sobre los derechos y bienes" de los exadministradores de Laboratorios Pérez Giménez, rebajando así a menos de la mitad la cantidad (23 millones de euros) que, por tal concepto, habían reclamado los administradores concursales de la empresa, que se encuentra en fase de liquidación.

En el auto del citado juzgado, al que ha accedido Europa Press, se determina que es preciso adoptar dicha "medida cautelar contra las siguientes personas y por las cuantías indicadas, para garantizar una previsible declaración de responsabilidad concursal" de los exadministradores de Pérez Giménez.

En este sentido, en el auto se detalla que "se decreta el embargo preventivo sobre los derechos y bienes" de "Diego Pérez Giménez y Guillermo Sada Castillo, para responder de la suma de un millon ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos diez euros y cincuenta y nueve céntimos -1.854.710,59 euros-".

También establece el juzgado el embargo preventivo sobre bienes y derechos de "Jacinto Romeu Masip y José Enrique Rosendo Ríos, para responder de la suma de cuatro millones ochocientos sesenta y ocho mil novecientos treinta y ocho euros -4.868.938 euros-".

Finalmente, el Juzgado de lo Mercantil también ha acordado el embargo preventivo de los derechos y bienes de "Sergio Martínez Escobar y Encarnacion Ibáñez Vázquez, para responder de la suma de cuatro millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos diez euros -4.457.810 euros-".

Contra esta resolución, que según recoge este martes la prensa provincial conlleva que el juzgado ve indicios de una mala gestión en Laboratorios Pérez Giménez, cabe la presentación de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba.