Con dos costillas rotas por un accidente doméstico, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, llevará este viernes al Consejo de Ministros su proyecto de reforma de la ley del aborto que, además de eliminar los plazos de la actual ley —aprobada en 2010—, promulgará nuevos supuestos para poder interrumpir un embarazo, entre los cuales podría limitarse el referido a la malformación fetal o minusvalía.

El gabinete de Gallardón no ha querido avanzar la naturaleza de los cambios que sufrirá la ley del aborto. Hasta en el PP aseguran que ellos desconocen el "proyecto definitivo". Pese al oscurantismo, lo que se sabe es que su aprobación supondrá el fin de los plazos que actualmente permiten interrumpir un embarazo libremente hasta las 14 semanas y abortar a menores de edad sin necesidad de contar con la autorización paterna. Y por tanto que supondrá la vuelta a una ley de  supuestos, la fórmula empleada en la ley de 1985. Sin embargo, dependiendo de cómo quede el supuesto del aborto por diagnósticos prenatales desfavorables, la ley que emane podría ser incluso más restrictiva que la del 85 y por tanto la más limitativa de la democracia.

La ley ahora en vigor —aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010— autoriza las interrupciones del embarazo de forma libre hasta las 14 semanas, plazo que se amplía a las 22 semanas en caso de que se detecten malformaciones fetales. La anterior, que rigió desde 1985 a 2010, establecía supuestos legales para abortar: violación, malformación fetal y daño físico o psicológico para la mujer. Este último supuesto era el empleado por el 90% de las mujeres que abortaban.

El propio ministro de Justicia ha reconocido que cambiar la ley del aborto es su proyecto bandera de la legislatura. Como se lo recuerda a diario la Iglesia y un sector de su partido, organizando manifestaciones para exigir la derogación de la ley de 2010. Gallardón defendió recientemente en el Parlamenteo que sus cambios persiguen defender "el derecho a la vida" y mejorar la situación de las mujeres que abortan, que dejarán de ser perseguidas penalmente. Lo que no especifica el ministro es cómo serán penados los profesionales sanitarios que realicen interrupciones legales hasta ahora.

La reforma ha sufrido medio año de demora por debates internos del Gobierno, a cuenta de la voluntad del ministro de prohibir los abortos de fetos con malformaciones. Distintas filtraciones a prensa apuntan estos días a que la ley podría establecer dos categorías diferenciadas: la discapacidades físicas y la malformación grave o incompatible con la vida. En principio, el Gobierno permitiría abortar en malformaciones incompatibles con la vida y, sin llegar a prohibirlos, endurecerá los requisitos para abortar en malformaciones leves y discapacidad. ¿Cómo? Se dejará abierta la puerta a las mujeres que no quieran llevar adelante estos embarazos de un supuesto legal que contempla el daño psicológico para la mujer.

La gran duda que subyace es quién ejercerá la responsabilidad de validar si una mujer que acude a abortar cumple con los supuestos permitidos por la nueva ley. Con la ley de supuestos de 1985 eran los médicos de las clínicas que realizaban las interrupciones del embarazo los que validaban los supuestos. Parece ser que el Gobierno podría endurecer este trámite exigiendo más de una firma o excluyendo a los profesionales vinculados a las clínicas donde se aborta, creando comités adscritos a los hospitales públicos.

Isabel Serrano, ginecóloga y portavoz de la asociación Decidir nos hace libres, considera que cualquier cambio que se apruebe supondrá "un retroceso bárbaro que redundará en la salud física y psicológica de las mujeres porque los trámites para abortar serán más largos". Además, sugiere que la norma devolverá a España a un sistema poco equitativo "donde las mujeres de unas Comunidades Autónomas tendrán que abonar el 90% del coste de las interrupciones del embarazo, mientras que otras pagarán solo el 20%".

La asociación que aglutina a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, ACAI, denuncia que la reforma invisibilizará a 100.000 mujeres que cada año se acogen a la libertad de elección para abortar. Según los estudios que manejan estas clínicas, la mitad de las mujeres que abortan lo hacen porque "no quieren ser madres o no quieren volver a serlo en ese  momento de sus vidas" y ningún cambio de su situación personal, social, afectiva, laboral o económico les llevaría a renunciar a la interrupción del embarazo. Respecto al supuesto de la malformación fetal, en ACAI recuerdan que son pocos casos al año, unos 3.000 (un 3%), pero recuerdan que comportan gran sufrimiento para las mujeres que deben acometerlos.

Este pasado martes, una plataforma de feministas respaldada por 200 organizaciones, propuso en el Parlamento un pacto entre mujeres para mantener la actual ley del aborto. El pacto solo ha recibido el apoyo de parlamentarias del PSOE, IU, BNG y Amaiur.  La iniciativa "Pacto por las Mujeres" pretendía convencer a las diputadas de romper la disciplina de partido votando en contra de la reforma del aborto "apelando a su condición de mujeres por encima de cualquier ideología". La iniciativa quería emular el ejemplo de aquellas parlamentarias que en 1978 se unieron para rechazar la ley de sucesión de la monarquía por discriminar a la mujer.

Por otra parte, seis sociedades científicas han emitido un comunicado conjunto en el que manifiestan su "preocupación por el riesgo que la nueva propuesta (de reforma del aborto) supondría en la salud física, psicológica y social de las mujeres que viven en España".

Según dichas sociedades —de epidemiología, de enfermería comunitaria, de sanidad ambiental, de economía de la salud, de la salud pública de Cataluña y de Madrid— "la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo no implica una disminución de las mismas, sino que deriva en que éstas se produzcan en peores condiciones sanitarias". Estos especialistas consideran que "cuanto más restrictiva es la Ley, existen más abortos clandestinos y en consecuencia más riesgo de morbimortalidad materna".

Una vez el Consejo de Ministros dé su visto bueno a los cambios la ley, pasará al Congreso para poder presentar las enmiendas correspondientes. Después seguirá su trámite parlamentario en el Senado, y vuelta al Congreso para su ratificación. La publicación en el BOE de la norma hará que entre en vigor, previsiblemente, antes del verano de 2014.