La norma fue aprobada ayer por el Consello de Goberno de la Administración autonómica, y con su funcionamiento se impedirá la construcción de alrededor de tres mil hectáreas del litoral gallego. Afectará al 13% del suelo urbanizable de los municipios costeros, donde sí se permitirá la promoción e instalación de fuentes de energías renovables en suelo rústico.