Ana Botella se va a enfrentar a un final de 2013 y comienzo de 2014 complicado. Más de 5.300 empleados temen perder su puesto debido a la política de ahorro aplicada por el Consistorio. Y prometen tomar la iniciativa.

La clave está en los conocidos como 'contratos integrales', la modalidad a través de la cual el Ayuntamiento unifica la prestación de servicios públicos esenciales en adjudicaciones de varios años a empresas privadas por un precio reducido. De esta forma, el equipo de Botella se ahorra un dinero muy necesario para cuadrar las cuentas al tiempo que se desentiende del apartado de personal, ya que no exige un número mínimo de operarios, solo resultados.

Los trabajadores de la limpieza urbana fueron los primeros en rebelarse con una huelga que llenó Madrid de basura durante 13 días. Los siguientes en anunciar paros indefinidos han sido los responsables del cuidado de los parques y jardines de la ciudad y los que se ocupan del mantenimiento de los semáforos, las señales y la M-30. Las protestas están anunciadas, respectivamente, para el 9 y el 10 de diciembre.

En total, hay seis contratos bajo sospecha. Dos ya han sido adjudicados, dos están en licitación y otros dos deben salir a concurso. El que más repercusión puede alcanzar, debido a su capacidad para perturbar la vida diaria de la ciudad, es el de la recogida de basura. Los sindicatos creen que todos conllevarán despidos, ya que las condiciones que impone el Ayuntamiento dejan las manos libres a las empresas para obtener beneficios reduciendo la masa salarial.

El Consistorio explica que, en el contexto de crisis económica y reducción de ingresos, los contratos integrales "garantizan la prestación del servicio" al tiempo que suponen un "ahorro" para los madrileños. En este planteamiento, la posible pérdida de empleo es una consecuencia colateral.

"Esperamos más despidos y, por lo tanto, más huelgas de los trabajadores para reivindicar sus derechos laborales", asegura a 20minutos Luis Miguel López Reíllo, secretario general de UGT en el Ayuntamiento. Los conflictos, promete, serán prolongados: "Los trabajadores de la limpieza han marcado el camino. Como ellos, hay muchos dispuestos a hacer huelgas largas porque la alcaldesa se niega a negociar nada". "Y recuerdo que prometió que no iba a haber despidos, lo cual se ha demostrado una falacia", sentencia.

Movilidad / 1.500 trabajadores > Contrato por 12 años adjudicado por 884 millones en octubre a dos grupos de empresas lideradas por Sacyr y Empark. Incluye los agentes de movilidad, el Servicio de Estacionamiento Regulado, la señalización y el el futuro servicio público de alquiler de bicicletas. Es la primera vez que se licita. Los trabajadores creen que habrá un ERE en 2014.

Recogida de basuras / 1.350 trabajadores > Aunque la huelga del mes de noviembre pareciese de basuras por la dimensión que adquirió, solo era de limpieza urbana (calles, papeleras, hojas, excrementos caninos).

El de retirada de residuos es el mayor contrato del Ayuntamiento de Madrid. Botella lo sacó a concurso a finales de 2012 por 548 millones de euros en 8 años, un 16% menos, pero quedó desierto. El recorte era tal que ninguna empresa pujó por él al no considerarlo rentable. Finalmente, el Ayuntamiento lo prorrogó para dejarlo en manos de la actual adjudicataria, FCC. El contrato debía haber vuelto a salir a concurso en octubre, al mismo tiempo que el de limpieza urbana, pero no hay noticias sobre el mismo.

Parques y jardines / 1.200 trabajadores > El contrato, que privatizó el cuidado de los espacios verdes de la ciudad, fue adjudicado en octubre por un período de ocho años. El servicio se licitó por 386 millones, pero las empresas ofertaron a la baja (una media del 26,6%) y el Consistorio consiguió cerrarlo por 278 millones, 108 menos.

El primer lote, que incluye parques históricos como el Retiro o el Templo de Debod, se lo llevó Acciona. Raga se quedó con el de los grandes enclaves (Madrid Río, Parque Juan Carlos I). El tercero fue a parar a manos de Eulen-Ortiz. Los sindicatos temen el despido de, al menos, medio centenar de personas

Alumbrado y semáforos / 720 trabajadores > En concurso por 785,88 millones —65 menos— para ocho años de servicio. Se divide en tres lotes: Interior de la M-30, exterior de la M-30 Este y exterior de la M-30 Oeste. Debe entrar en vigor el 1 de enero.

La adjudicataria tendrá que invertir primero en mejorar la eficiencia de farolas y semáforos. Sus beneficios económicos solo llegarán después, de los ahorros que consiga. Esto lleva a los trabajadores a pensar que habrá despidos. CC OO ha convocado una huelga indefinida desde el 10 de diciembre. Los empleados de mantenimiento de semáforos, túneles, M-30 y suplidos de alumbrado pararán desde el día 9.

Infraestructuras viarias / 350 trabajadores > Ha salido a concurso por primera vez y aún no tiene adjudicataria. Es un contrato integral que fusiona otros 10 acuerdos independientes que incluían el mantenimiento de pavimentos, estructuras y obras de paso como túneles, puentes y pasarelas.

Se divide en tres zonas: Centro (distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán y Chamberí) Norte (Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas y Barajas) y Sur (Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro).

El presupuesto es de 336,5 millones. Implica inversiones en mantenimiento, por lo que el Ayuntamiento cree que no habrá despidos, pero los sindicatos argumentan que no tienen ninguna garantía de que las empresas vayan a mantengan el empleo. Entrará en vigor en enero.

Selur / 230 trabajadores > El último contrato del Servicio de Limpieza Urgente fue adjudicado a Sacyr en junio de 2012 por 9,2 millones de euros. Tiene que salir a concurso en 2014 y no hay perspectivas de que el importe de licitación suba, sino todo lo contrario. En 2011 quedó desierto porque ninguna empresa quiso prestar el servicio por los 12,3 millones que ofrecía el Ayuntamiento.

El Selur fue creado en 2001 por Alberto López-Viejo, hoy imputado en el caso Gürtel. A los dos años de su puesta en marcha, reconoció haber pactado de palabra subir el importe del contrato de 8,5 a casi 10,5 millones de euros. El Ayuntamiento tuvo que pagar el sobreprecio desde 2001 a 2011, año en el que Urbaser, empresa prestadora, concluyó sus servicios.

Iñaki (35 años, conductor de un camión de basutras) prefiere ocultar su auténtico nombre por temor a represalias: "Vamos, que me pueden echar mañana. No sería el primero al que le pasa. Los jefes nos tienen dicho que mucho ojo con hablar con los periodistas".

En 2010, él y sus compañeros de FCC amenazaron con dejar de recoger los cubos de basura de Madrid si se consumaban los 120 despidos que la empresa pretendía. El paro se evitó a última hora tras una jornada de negociación ininterrumpida de 12 horas. No hubo bajas, pero no salió gratis.

"Aceptamos congelarnos el sueldo durante dos años y dejar de recoger los cubos de envases en días alternos, con lo que los madrileños tienen menos servicio. Se pactó una subida del IPC más un 0,8% adicional en 2013, pero la empresa se ha negado a cumplirlo. Además, han reducido horas de trabajo en contratos temporales", detalla.

El pasado mes de abril, FCC volvió a la carga. De nuevo, proponía bajas; esta vez, 140. El Ayuntamiento se lo impidió, pero los trabajadores volvieron a sufrirlo: "Como FCC cobra por tonelada recogida y se está recogiendo menos basura, gastan menos en personal para no recortar los beneficios. Yo me he tirado tres meses en casa. Cuando tengo vacaciones, me dan de baja y me hacen un contrato nuevo a la vuelta. Llevo más de cinco años y, en lugar de hacerme fijo, voy encadenando contratos por obra. Hacen lo que quieren con nosotros. No sé cuántas huelgas más vamos a aguantar", confiesa.