Una treintena de agentes de Policía ha desalojado este viernes a mediodía las instalaciones de de RTVV en Burjassot (Valencia), tal y como había ordenado el Juzgado de Instrucción 1 de Paterna.

Los trabajadores que permanecían dentro, a los que en un principio se les había permitido despedir la emisión, estaban realizando una programación especial en directo, que ha durado toda la noche y en la que han pedido varias veces la dimisión del president de la Generalitat Alberto Fabra. Los periodistas y presentes en el estudio han asegurado que el cierre es el principio de "la nueva televisión valenciana".

Un portavoz de la televisión pública griega, Babis Kukosis, ha expresado su solidaridad y apoyo a los trabajadoresCon un estudio abarrotado y una mesa presidida por un cartel con el lema "RTVV no es tanca" (RTVV no se cierra), representantes de los grupos de la oposición han recriminado al Consell que haya "huido" a Ibi (Alicante), donde este viernes celebra la reunión del pleno y han pedido elecciones anticipadas. A las 12.20 horas, finalmente, la emisión de RTVV se ha ido a negro sin la prometida despedida.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana aseguró que si no se producía el desalojo de forma voluntaria sería "por la fuerza policial". El comité de empresa había anunciado, por su parte, que acatarían la orden judicial y abandonarían las instalaciones pacíficamente antes de que llegaran los agentes, como les habían recomendado sus abogados; algunos lo hicieron antes de las 12.

En el exterior del edificio, unos doscientos empleados del ente permanecían divididos entre las tres puertas de acceso: la principal, la de emergencia y la del aparcamiento. Quienes habían abandonado el edificio aseguraban que no se ha recibido aún notificación judicial alguna, de modo que se habían enterado de la orden de desalojo por la prensa y las redes sociales. Poco después, llegaba la comisión encargada del desalojo.

"No vamos a ser nosotros quienes incumplamos la legalidad", aseguraban algunos de estos trabajadores. Poco antes, hacia las 10.30 horas, aproximadamente, según informaban en directo los trabajadores, las emisiones de la cadena a través de la página web de la Radio Televisión Autonómica Valenciana (RTVV) se cortaron, aunque podían seguirse, por ejemplo, a través de la web de la RTV de Galicia.

El tribunal, en funciones de guardia, incoó diligencias previas y dio traslado a la Fiscalía de la denuncia por "usurpación de instalaciones y coacciones" presentada por los integrantes de la comisión de liquidación de RTVV. En su denuncia, tres integrantes de la comisión liquidadora del ente público alegaban que se les impedía realizar las funciones que legalmente tienen encomendadas.

El Consell valenciano había decidido a última hora de este jueves el cese de la emisión "por cualquier medio o canal de difusión" de Canal Nou y Ràdio Nou, y así lo publicó en el Diari Oficial de la Comunitat un poco antes de la medianoche. Sin embargo, las autoridades valencianas estaban teniendo problemas para ejecutar el cierre y el cese de emisión de Canal 9 por la negativa y resistencia de los trabajadores de la cadena.

Un portavoz de la televisión pública griega, Babis Kukosis, ha expresado su solidaridad y apoyo a los trabajadores y ha defendido que lo que está en juego es "la democracia misma". Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha anunciado que su formación presentará en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano una demanda contra el Gobierno regional para "suspender de forma cautelarísima" el cierre de RTVV.

RTVV últimos minutos

La sede, tomada por los trabajadores

De madrugada, numerosos trabajadores de Canal 9 "tomaban" la sede de la televisión valenciana, produciendo una suerte de encierro que sólo fue roto a primera hora de la mañana por la policía, que entró escoltando a la comisión encargada de cortar los medios técnicos para impedir que siguiera la emisión. 

La emisión de televisión de Canal 9 continuaba a primera hora La persona designada por la Generalitat para ejecutar el cierre técnico de la cadena, Paco Signes, conocido como Paco 'Telefunken', se negó a realizar el trabajo para el que había ido a la cadena, en la que permaneció unas siete horas. En declaraciones a un reportero de Canal 9 aseguró de que no acataría las ordenes que se le habían dado: entrar en la sala de control y cortar la emisión. "Yo me vuelvo a mi casa, no voy a ser quien corte esto hoy", dijo el técnico.

"Trabajo en la electrónica, pero no estamos para estas cosas", explicó él mismo en directo entre los aplausos y vítores de los trabajadores. Se trata de un vecino de Gata (Alicante) que se dedica a reparar televisiones y que esperó la orden judicial para el corte desde primeras horas de la madrugada, junto a su sobrino Pepe, en la sala de espera de actuantes, acompañados de un policía.

Los empleados impidieron hasta en dos ocasiones el corte de la señal"He venido a hacer un informe sobre lo que habría que hacer para cortar las emisiones, pero he decidido volver a casa viendo el cariz que toma todo esto", añadió este técnico, que no informó sobre quién le había llamado ni sobre terceras personas que se podrían hacer cargo del corte de la señal de televisión.

Los empleados impidieron hasta en dos ocasiones el corte de la señal. Primero, se atrincheraron en el control central para impedir el paso de los liquidadores nombrados por el Gobierno de Alberto Fabra y, posteriormente, incluso de los agentes de Policía.

Uno de los trabajadores muestra un cartel en protesta por el cierre. Biel Aliño / EFE

Los trabajadores encerrados en el interior del centro de producción de programas de Burjassot (Valencia) temían que se produjera un corte de electricidad, que supondría el corte definitivo de la emisión. La televisión se fue a negro, finalmente, a las 12.20 horas por la intervención de la Policía.

Programa especial en directo

En el estudio de informativos, dentro de la programación especial, se produjo una comparecencia histórica, la de Beatriz Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro del 3 de julio, que al parecer tuvo que entrar por una ventana del edificio y que por primera vez pudo denunciar el caso en la televisión valenciana.

El Comité Liquidador solicitó esta madrugada una orden para desalojar el centro  El programa especial que se ha emitido en directo desde el estudio 3, el habitual de los informativos, ha entrevistado a varios dirigentes de la oposición, además de a Beatriz Garrote.

También ha hecho algunas conexiones con el exterior y ha dado paso a varias entrevistas telefónicas, entre ellas una con el presidente de la Academia de Televisión, Manuel Campo Vidal, quien ha reclamado diálogo a las partes para evitar el cierre, y otras con periodistas como Iñaki Gabilondo, que ha apelado a la solidaridad, o Jordi Évole.

Periodistas veteranas como María Josep Poquet, Xelo Miralles, Pilar Algarra y Clara Castelló han tomado la palabra para denunciar el "nazismo" que, a su juicio, han vivido en la casa y defender "la televisión plural de los últimos quince días".

Junto a ellos y casi un centenar de trabajadores que arropaba a los presentadores en el estudio, estaban los diputados socialistas Josep Moreno y Juan Soto, los de Compromís Enric Morera, Mónica Oltra y Mireia Mollà, y los de EU Marga Sanz, Ignacio Blanco y Esther López

En la torre principal del edificio, los trabajadores desplegaron una gran pancarta bajo el rótulo de Nou donde se podía leer "RTVV no es tanca, es la teua" (RTVV no se cierra, es la tuya).

La emisión de televisión continuaba a primera hora de la mañana, aunque en numerosas zonas de la Comunidad Valenciana ya no se podía ver Canal 9, y la emisión por Internet se cortó cerca de las 9.30 de la mañana. De madrugada Ràdio Nou, también dependiente de RTVV perdía su emisión, aunque a primeras horas de la mañana los trabajadores deviaban la emisión hacia otra frecuencia, la de la cadena musical Sí Ràdio.

"No tenéis vergüenza", "ladrones" y "esto es un golpe de Estado" han sido los gritos que, en valenciano, proferían los trabajadores cuando los liquidadores acompañados de la policía han accedido a la sala de control para ejecutar la orden de cierre. Los trabajadores han grabado con sus móviles todo el proceso y un periodista le ha preguntado al liquidador qué opinaba de la situación, y este ha dicho que no tenía nada que decir.

Advertencias de la Generalitat

La Administración autonómica había advertido de que los trabajadores de Radio Televisión Valenciana (RTVV) podrían estar incurriendo en la comisión de un delito tipificado en el Código Penal por estar dentro del recinto del Centro de Producción de Programas de Burjassot en contra de la voluntad de la dirección de la sociedad.

En concreto, hacía referencia a lo que establece el artículo 203 del Código Penal que recoge que "será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a diez meses el que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura", según fuentes de la Administración autonómica.

Agentes de la Policía Nacional custodian el interior de Radio Televisión Valenciana (RTVV). Biel Aliño / EFE

Asimimo, recordaban que el mismo artículo en su segundo punto señala que: "será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, el que con violencia o intimidación entrare o se mantuviere contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento, mercantil o local abierto al público".

Desde la administración recordaban que la ley 4/2013 de la Generalitat de Supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico "ordena la supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión".

El president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra decidió cerrar Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y rechazaba la propuesta presentada por los trabajadores para garantizar la viabilidad de la empresa pública e intentar evitar su cierre, después de que los tribunales decretaran la readmisión de los 1.000 trabajadores despedidos en el ERE ejecutado en la cadena.

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