El gasto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en prestaciones se situó en los diez primeros meses del año en Cantabria en 18,4 millones (14.460.200 euros), lo que supone un 13,5% más que en el mismo periodo de 2012, cuando el desembolso fue de 16,2 millones, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Mientras, en España, el Fogasa, organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, destinó 1.112,7 millones de euros al pago de prestaciones en los diez primeros meses del año, lo que supone un 10,3% menos que en igual periodo de 2012.

El presupuesto inicial de este año para el pago de prestaciones del Fogasa superaba los 840 millones de euros, cifra que ya se sobrepasó en agosto, cuatro meses antes de que concluyera el ejercicio. No obstante, el Gobierno autorizó el pasado mes de junio un suplemento de crédito por importe de 530,6 millones de euros para que el Fogasa hiciera frente a los pagos.

Así, el Ejecutivo ha elevado las previsiones finales de gasto en prestaciones para este año a 1.373 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que ha presupuestado para el pago de prestaciones de garantía salarial en 2014. De esta forma, calculado sobre la previsión final de gasto, el Fogasa había consumido hasta octubre el 81% de los recursos.

El gasto en prestaciones de garantía salarial del Fogasa se ha cuadruplicado en los últimos seis años. Así, mientras que en 2007 ascendió a 380,51 millones de euros, al ejercicio siguiente creció hasta 434,01 millones de euros y en 2009 hasta los 833,76 millones de euros.

A partir de 2010 se produjo el mayor crecimiento en el gasto en prestaciones, con 1.287 millones de euros, para ascender en 2011 hasta los 1.500 millones de euros y en 2012 hasta los 1.530 millones de euros.

Baja un 20,2%

La cuantía destinada a pagar salarios.

El Fogasa dedicó en los diez primeros meses de este año 325,6 millones de euros al pago de salarios, un 20,2% menos que en igual periodo de 2012, mientras que 787,1 millones de euros se destinaron al abono de indemnizaciones, un 5,4% menos.

El organismo abonó hasta octubre 367,78 millones de euros, un 22,1% menos, en prestaciones derivadas de ejecuciones laborales, en las que se incluyen los salarios e indemnizaciones pendientes de pago motivados por la declaración de insolvencia provisional o definitiva de las empresas.