Luis Bárcenas sigue marcando la agenda política del PP. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha dejado claro este lunes que solo hay una contabilidad, la oficial, la A, la entregada al Tribunal del Cuentas, pretendiendo corregir así el auto del juez Pablo Ruz del pasado viernes, que evidencia "la existencia por parte del Partido Popular de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas".

Cospedal ha pedido incluso la ayuda de la Fiscalía (la cúpula la nombra el Gobierno) para que revise la contabilidad del partido entre 2006 y 2010, a pesar de que el auto del juez deja claro que el PP manejaba una contabilidad B y sus pesquisas, según fuentes judiciales, están ya cerca de acreditar la autenticidad de cerca de 60 de los apuntes que aparecen en los papeles de Bárcenas entre mayo de 1992 y marzo de 2008. 46 de estos apuntes, que movieron 1,22 millones de euros, ya estaban confirmados a principios de octubre. Ahora, la cifra de apuntes analizados y que tienen viso de verosimilitud se elevan a 59, según fuentes judiciales.

El auto del juez Ruz llega en el peor momento, justo cuando el PP hace balance del ecuador de la legislatura. El magistrado concluye que gracias a la documentación intervenida por la Policía en el registro del despacho del arquitecto Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba, a quien el PP encargó la reforma de su sede central, y su posterior análisis con los papeles del extesorero, se puede concluir que estas obras fueron abonadas con dinero negro. El propio Bárcenas reconoció estos supuestos pagos en B en su declaración del 15 de julio. Cospedal los ha negado este lunes, asegurando que todos los pagos de las reformas de Génova 13 obran en poder del Tribunal de Cuentas y que se realizaron entre 2006 y 2010 por valor de 5,6 millones, más de cuatro millones de diferencia con lo que aparece en la agenda secreta de Bárcenas.

Ruz considera acreditados los pagos que se hicieron a la empresa Unifica Servicios Integrales, dirigida por el arquitecto Gonzalo Urquijo. Agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) cruzaron las facturas y documentos intervenidos en la sede de esta empresa el 27 de septiembre con la contabilidad B de Bárcenas y la documentación entregada por el PP el 12 de agosto. La conclusión, un informe que certifica la "correlación directa", en cantidades, fechas y personas, entre los papeles de Bárcenas y la documentación del arquitecto. El juez es contundente. Los pagos del PP a Urquijo no se reflejaron "ni en la facturación ni en la contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela o B".

Lo que sí hay es una diferencia sustancial entre los pagos que revela el juez en su auto y los anunciados este lunes por Cospedal. Según el auto, el arquitecto recibió 1.072.000 euros en negro (184.000 euros en el año 2006 y 888.000 en el año 2008). Según la número dos del PP, todos los pagos están reflejados legalmente y ascienden a 5,6 millones en un plazo de cinco años. "Todos los pagos que se han hecho a la empresa contratista de la obra desde el 2006 al 2010 los tiene el juzgado", ha explicado Cospedal, un juzgado que ha analizado "los movimientos bancarios de la cuenta de la empresa Unifica, donde se han registrado entregas de fondos derivadas de la ejecución de la obra entre los años 2005 y 2011, ambos inclusive".

El auto del juez analiza las obras realizadas en cada planta de la calle Génova. En las reformas de la segunda planta, hay un pago de 195.000 euros en enero de 2008 que "tiene correlación directa" con los papeles de Bárcenas. En la tercera planta hay una factura de 232.00o euros de julio de 2008 del arquitecto que coincide con un pago anotado en la agenda de Bárcenas en octubre de 2008 por la misma cantidad y el apunte "G.U.", en relación a Gonzalo Urquijo. En la planta cuarta, se encuentra un recibí en poder del arquitecto firmado por Luis Bárcenas por un importe de 200.000 euros. Coincide con un apunte de diciembre de 2008 de la agenda del extesorero de un pago a "G.U.". En la planta quinta, coincide otra factura y otro pago saliente de la agenda de Bárcenas por valor de 258.000 euros en marzo de 2008.

Según el juez, la cuota tributaria defraudada por el arquitecto supera los 120.000 euros, lo que supone la imputación por delito fiscal de Gonzalo Urquijo. Pablo Ruz considera que Bárcenas y el exgerente del PP Cristóbal Páez, el dirigente popular que más trató con el arquitecto, deben ser imputados como "cooperadores necesarios o cómplices" de uno o varios delitos fiscales. Urquijo y Páez declararán el 16 de diciembre.

Al ser preguntada si el PP está dispuesto a someter sus cuentas a una auditoría externa, Cospedal ha recordado que su partido ya quiso someter su contabilidad a auditoría externa y "fue imposible" porque todas las empresas que se dedican a esta actividad dijeron en su día que esas cuentas ya estaban sometidas al Tribunal de Cuentas.