Paso a paso, lenta pero inexorablemente. La Justicia ya ha conseguido acreditar 46 de los apuntes que aparecen en los papeles de Luis Bárcenas, donde supuestamente se reflejaba la contabilidad B del PP, el dinero que donaban empresarios y los sobresueldos que con ese dinero recibían dirigentes populares. Así lo refleja la ampliación de la querella presentada a mediados de septiembre por las cinco acusaciones particulares del caso (IU, Justicia y Sociedad, ALA, Ecologistas en Acción y Los Verdes), una querella que pedía la imputación de 16 personas más.

Los apuntes han sido acreditados, tanto por las declaraciones en la Audiencia Nacional de las personas que reconocieron que recibieron el dinero, como por los cruces de los papeles de Bárcenas con la contabilidad del PP que ha hecho la Unidad de Delitos Fiscales y Económicos de la Policía. Estos apuntes han supuesto el movimiento de 1,22 millones de euros.

Entre los pagos reconocidos están los que se hicieron a Jaime Ignacio del Burgo (exdiputado del PP), al exconsejero de Salud del Gobierno de Navarra Calixto Ayesa, A Pío García Escudero (presidente del Senado) o por ejemplo al exministro Jaume Matas. También muchos de los donativos anónimos que recibió el PP antes del año 2007 coinciden con los apuntes del extesorero.

No obstante, un reciente informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) remitido al juez Pablo Ruz deja claro que los sobresueldos cobrados por dirigentes del PP antes de 2007 han prescrito ya desde el punto de vista penal. Eso, y que los pagos posteriores a 2008 no superarían, de ser ciertos, la cuota tributaria de 120.000 euros que separa una simple defraudación de un delito fiscal castigado con hasta cinco años de cárcel.

Hay otro dato revelador. De los papeles de Bárcenas se desprende que el dinero ilícito supuestamente percibido por el PP asciende a 6,68 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que los dos tesoreros del PP, Bárcenas y Álvaro Lapuerta, pagaron en dádivas y sobresueldos a dirigentes y miembros del PP: 6,55 millones de euros

El caso va para largo, y la fase de la instrucción aún durará meses, incluso se prolongará en el tiempo más allá de las elecciones europeas de mayo de 2013. Además, las cinco acusaciones, que argumentan hasta doce tipos de delitos a los querellados, aseguran que estamos ante una estructura criminal que viene repitiendo sus actuaciones de forma continuada desde el año 90 al menos (que es cuando comienzan los papeles), hasta el año 2008. Eso significaría que los delitos, contrariamente a lo que se ha dicho, no habrían prescrito, porque son delitos continuados.

Los delitos serían el de asociación ilícita, alteración del precio en subasta pública, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad de fondos documentales, apropiación indebida de fondos electorales y delitos contable.