La Audiencia de Castellón ha condenado al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública en el conocido como caso Naranjax. Además, tendrá que pagar una multa de 693.000 euros e indemnizar a Hacienda con la misma cantidad. Fabra defraudó casi 700.000 euros entre 1999 y 2003. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a través de su cuenta de Twitter, su exmujer, María Amparo Fernández, ha sido condenada a dos años de cárcel por dos delitos contra Hacienda Pública.

En cambio, la Audiencia absuelve a Fabra, al empresario Vicente Vilar y a Fernández de los delitos de cohecho y tráfico influencias. La Sección Primera también absuelve al exsenador Miguel Prim (PP) del delito de tráfico de influencias.

El fiscal solicitaba 13 años de prisión por tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública contra el anterior presidente del PP y de la Diputación de Castellón.

Carlos Fabra ha anunciado este mismo lunes que recurrirá la sentencia que le condena a prisión y ha afirmado que se siente "muy satisfecho" por no haber sido condenado por cohecho y tráfico de influencias.

El ex barón provincial del PP ha explicado que, "desde el punto de vista moral", esta sentencia es "muy importante", ya que del tema de "corrupción" del que se le acusaba ha sido finalmente absuelto. En cuanto a la presentación de recursos al fallo, el expresidente ha dicho que tiene que estudiarlo junto a su abogado, pero que ya tenían previsto recurrir tanto al Tribunal Constitucional como al Tribunal Supremo si se daba esta situación.

El denominado caso Naranjax se convirtó en un auténtico maratón judicial cuya instrucción se ha prolongado a lo largo de una década y de multitud de cambios en el juzgado de Nules encargado de la causa, por la que pasaron hasta nueve jueces.

El origen de este proceso se sitúa en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto.

Durante todo este tiempo, la Audiencia Provincial de Castellón ha dictado algunas resoluciones que posteriormente han sido revocadas por el Tribunal Supremo. La primera de mayor calado fue en diciembre de 2010, cuando la sección segunda sobreseyó la causa por supuestos delitos fiscales cometidos entre los años 2000 a 2003 —cuatro de los cinco por los que estaba siendo investigado— al considerar que no se había producido un acto de interposición judicial que interrumpiera el plazo de prescripción de estas conductas.

El Tribunal Supremo (TS) revocó esta decisión al considerar que no podían declararse prescritos los delitos fiscales que se le imputaban inicialmente al expresidente del PP de Castellón, acogiendo así los recursos que habían presentado Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Unión de Consumidores.

Ya en la tarde de este lunes, se ha sabido que Carlos Fabra ha solicitado la baja como militante del PP, la cual será tramitada por la formación política, según ha informado el presidente provincial de los populares, Javier Moliner.

Fabra sigue siendo, no obstante, secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón, cargo al que accedió tras abandonar la Presidencia de la Corporación provincial. El presidente provincial del PP, Javier Moliner, ha mostrado su "más absoluto respeto" a la Justicia y la decisión judicial, y ha aclarado que, en estos momentos, Carlos Fabra "no ocupa ya ningún cargo ni orgánico a nivel de partido ni institucional".