Tirón de orejas de Bruselas al Gobierno por su negligencia en la prevención de la trata de seres humanos. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento por incumplimiento en el que amenaza con llevar a España ante los tribunales después de que hayan pasado seis meses "después de la fecha límite de incorporación de la Directiva 2011/36/UE". Es decir, que desde el 6 de abril la normativa española en relación a la lucha contra el tráfico de personas no se ajusta a la normativa europea.

España no es el único país que está incumpliendo la trasposición de esta directiva. La Comisión Europea también ha apercibido a Chipre, Italia y Luxemburgo por esta misma razón "a pesar de las cartas de emplazamiento enviadas el 29 de mayo de 2013", señalan desde Bruselas. Ahora los países incumplidores recibirán dictámenes motivando la apertura del procedimiento por incumplimiento. Una vez pasados dos meses a partir de ahora, "la Comisión puede decidir llevar a estos Estados miembros ante el Tribunal de Justicia", advierten las autoridades europeas.

La directiva de la UE sobre la trata de seres humanos abarca un amplio espectro de medidas para prevenir y combatir la explotación de otras personas. Así, por ejemplo, obliga a los Estados a adoptar cambios en el Código Penal que conviertan en delitos los casos de captación, rapto, traslado, amenaza, engaño, etc. que conduzcan al abuso sobre un individuo. También se reformará la ley para castigar a aquellos que induzcan al tráfico de personas con penas privativas de libertad de hasta 10 años.

La normativa europea, vigente desde abril de 2011, va más allá de la persecución penal de los explotadores, y también propone que se regule el consumo de la prostitución. Así, insta a los Estados a adoptar "medidas apropiadas, como la educación y la formación, para desalentar y disminuir la demanda, que es el factor que favorece todas las formas de explotación relacionadas con la trata de seres humanos", según refleja la propia directiva.

La directiva que aún no ha hecho suya España "puede ser determinante en la vida de las víctimas y evitar que otras personas lleguen a ser víctimas", explican fuentes oficiales comunitarias. Enjuiciamiento de delincuentes, apoyo a las víctimas y derechos de las mismas en procesos penales, prevención, control de la ejecución... la adopción de la misma supone un abanico amplio de medidas.

Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para conocer si está prevista o no la trasposición de la normativa europea al ordenamiento jurídico español, si bien aún no ha obtenido respuesta. España sí que ha acogido otro tipo de legislaciones de ámbito internacional. Así, por ejemplo, desde octubre de 2011 ha hecho suyo el conocido como Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos. Este mismo miércoles, la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados debate y somete a votación la creación de una subcomisión "para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual".

La reclamación de una mayor protección a los afectados por la trata es una reclamación de numerosas organizaciones y asociaciones. Y es que España es el segundo país europeo -después de Italia- con más víctimas de la explotación sexual, tal como ya informó este diario. Así, en 2012 se han localizado a unas 12.300 mujeres ejerciendo la prostitución obligadas, aunque la Policía estima que "es un tercio de las que realmente hay en España", unas 37.000.

El perfil principal de la víctima de explotación sexual en España es el de una mujer joven y extranjera. El 80% de ellas proceden de países de la Europa del Este y Sudamérica. Sobre todo son de Rumanía, Paraguay, Brasil, Nigeria, China y Rusia, según datos policiales.