Yoana, una joven rumana de 24 años, llevaba casi un año en España obligada a prostituirse. Lo hacía en carreteras de las provincias de Tarragona y Barcelona. Siempre controlada por un proxeneta, también rumano, primo del chico que la engañó en su país con una oferta de trabajo falsa: en un lavacoches. En España, el empleo prometido nunca llegó. Y para saldar la deuda del viaje y de la documentación necesaria para hacerlo, el amigo rumano le dijo que mientras le conseguía el trabajo, tenía que vender su cuerpo.

Ella, obviamente se negó. Pero llegaron las amenazas. Estuvo dos semanas encerrada en un piso de Badalona sin salir, para que lo pensara mejor. Tiempo suficiente para recordarle que en Rumanía había dejado a sus padres, y que sabían dónde vivían. No hizo falta decir más. Sus jornadas 'laborales' eran de 12 horas, hasta que el proxeneta se cansaba de vigilarla. Cada servicio, entre 20 y 25 euros. Y hubo días que hizo hasta 15 servicios. Un día, desesperada, vio en un anuncio el teléfono que la Policía Nacional ha habilitado en el plan especial contra la trata de personas con fines de explotación sexual, el 900.10.50.90.

Su llamada surtió efecto, y mientras ella seguía prostituyéndose para no levantar sospechas, la Policía cerró el cerco y detuvo a mediados de junio al proxeneta y a sus dos compinches, un pequeño clan familiar que tenía varias chicas prostituidas sin que se conocieran entre ellas. Un pequeño 'negocio' que les permitía vivir bien. Yoana ha sido valiente. Pero lo suyo es un caso excepcional. Porque no todas denuncian ni colaboran con la Justicia. El miedo, dicen los expertos policiales, es la principal barrera que aún deben superar las víctimas.

El primer paso se dio en abril con la puesta en marcha de este plan policial. "El objetivo es la prevención, informar a los clientes de la prostitución que muchas veces pueden estar con víctimas de explotación sexual. Porque socialmente no se las considera víctimas. Incluso muchas veces ellas no se consideran víctimas. Esto no es ocio, es un delito, y es importante que la ciudadanía se conciencie y comunique a la Policía cualquier indicio que vea", explica a 20Minutos un inspector jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos de la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF).

Desde abril han llegado 214 llamadas telefónicas (900.10.50.90) y 77 correos electrónicos (trata@policia.es) a la Policía Nacional, que han permitido el inicio de 20 investigaciones y la resolución ya de tres casos. La mayoría, denuncias anónimas de ciudadanos. Y es que este anonimato es un plus para que la gente se anime a denunciar. "El plan, con una fuerte campaña en medios de transporte, está sirviendo para que los clientes de la prostitución asuman que son en muchas ocasiones testigos de una actividad delictiva", recalcan en la UCRIF.

La Policía suele visitar los lugares donde potencialmente puede haber víctimas: locales de alterne, polígonos industriales y carreteras (más fáciles de detectar y controlar) y las casas de cita (mucho más opacas). Según Eurostat, España es el segundo país de Europa, tras Italia, con más víctimas. En 2009 la Policía detectó a 6.157 personas como posibles víctimas, aunque finalmente solo identificó a 1.301 (el 21%). En 2010 el ratio fue 15.075 personas detectadas, 1.641 identificadas (el 10,8%), y 2011 se cerró con 14.370 víctimas detectadas y solo 1.082 identificadas (el 7,5%).

En 2012 se han localizado unas 12.300 mujeres ejerciendo la prostitución obligadas, aunque la Policía estima que "es un tercio de las que realmente hay en España", unas 37.000. Lo que está claro es que queda mucho por hacer. En los doce meses de 2012 y los tres primeros meses de 2013, Policía y Guardia Civil han realizado 368 operaciones contra la explotación sexual, deteniendo a 1.108 responsables de estos delitos. Y en los dos primeros meses del plan (del 17 de abril al 17 de junio) se han culminado otras 47 operaciones abiertas antes del plan, con 236 detenidos. En cuando a los grupos organizados que se dedican a la prostitución, en 2010 se desarticularon 17 y en 2011, 35. Un delito que siempre convive con otros ilícitos penales como la extorsión, el secuestro, agresiones sexuales, coacciones, amenazas, blanqueo de capitales y falsificación.

Lo que está claro es que el perfil de víctima es el de mujer joven y extranjera. Sobre todo de Rumanía, Paraguay, Brasil, Nigeria, China y Rusia. El 80% proceden de Europa del Este y Suramerica. Las rumanas, por ejemplo tienen entre 18 y 32 años. Las brasileñas son más mayores, entre 33 y 42 años. "Ahora las mafias de prostitución chinas, muy cerradas, que regientan casas de citas con un cliente chino, se han abierto a un cliente más internacional", señalan fuentes de la UCRIF. Las grades redes, que sigue habiéndolas, han dado paso también al perfil de pequeño proxeneta, rumano, que se asocia con familiares, para prostituir pocas chicas y tenerlas siempre controladas. La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) ya alertó de que "la demanda" solicita cada cada vez prostitutas más jóvenes.

Las grandes redes no dudan en usar la violencia, la intimidación, la amenaza. Las últimas grandes operaciones de este año dan muestra de ello. A finales de abril eran detenidas en España once personas que dirigían casas de cita en cuatro ciudades del norte: Santander, Pamplona, Bilbao y Vitoria. Un centenar de mujeres paraguayas habían pasado por ellas. Los proxenetas les habían confiscado en Paraguay los documentos de titularidad de las pocas propiedades que dejaron en su país, a modo de fianza mientras devolvían prostituyéndose la deuda contraída. "En las redes sudamericanas es normal incluso que avalen el viaje a España con los pisos de los padres", explican en la UCRIF.

Este mes de junio caía una organización nigeriana que traía a mujeres en patera a través del Estrecho y las prostituía luego en Barcelona y Málaga. Para que no huyeran, las amenazaban con vudú, "lo típico en estas redes". También recurrían a morderlas y quemarlas con una plancha. "Las nigerianas pueden estar doce-trece años vendiendo su cuerpo hasta que devuelven la deuda". En la UCRIF también recuerdan la red rumana desarticulada en marzo de 2012 que tenía a las chicas amarradas a radiadores y que les tatuaban un código de barras con su deuda en el brazo. A las que se portaban mal, les rasuraban el pelo y las cejas.

Este lunes 1 de julio la Policía anunciaba que había desarticulado dos importantes redes chinas que rivalizaban por el control de la prostitución en el sur de Madrid. Hay 26 detenidos y 25 chicas liberadas, algunas de ellas menores. Venían a España engañadas por la falsa promesa de un trabajo en el que iban a ganar 4.000 euros al mes. Una vez en nuestro país les retiraban el pasaporte y les obligaban a prostituirse un año para devolver la deuda del viaje. Vivían hacinadas en habitaciones muy pequeñas, sin ventanas ni cerrojos, siempre controladas por los miembros de las redes.

Todos admiten que aunque se puede concienciar al cliente, lo difícil es ayudar a las víctimas. "Hay que convencerlas de que hay un salida. O bien un retorno asistido a su país o quedánsose en España con un permiso de residencia y trabajo", afirma el inspector jefe de la UCRIF. El miedo a lo que pase con ellas o con sus familias está detrás de que muy pocas se acojan a los beneficios que otorga la ley si denuncian a sus proxenetas (el permiso de resiencia y el caracter de testigo protegido). De hecho, en 2011 (últimos datos), de las 770 mujeres que pensaron en dar ese paso (tienen 30 días de periodo de reflexión, prorrogables a 60), solo 98 lo hicieron finalmente. A pesar de lo bajo de la cifra, fue mejor que en 2010, cuando solo lo hicieron 21 de las 219 mujeres. Ahora, con el plan, ya se ha prestado ayuda a 291 mujeres.

El Minsiterio del Interior no puede ofrecerles un trabajo. Para eso, y darles apoyo psicológico, económico y sanitario, están muchas organizaciones sin ánimo de lucro: Apramp, Proyecto Esperanza, Cruz Blanca, Red Acoge, Médicos del Mundo... son solo algunas. Marta González, coordinadora de Proyecto Esperanza, relata los obstáculos que tienen muchas de estas víctimas a la hora de pedir ayuda. "Hay que tener en cuenta que han sido explotadas, vejadas, amenazadas, agredidas...Han vivido aisladas, tienen otro idioma, no saben que hay ayudas, un futuro, otra perspectiva, ven a la Policía con una visión equivocada debido al tipo de Policía que han conocido en sus países, no tienen documentación, les han inculcado el miedo".

La clave, según González, es ofrecerles protección y confianza, cubrir sus necesidades y tener paciencia, "hacerles entender que pueden tener ayudas". Por esta ONG pasan 90 mujeres al año, el 99% extranjeras. El principal problema es que el periodo de reflexión que tienen las víctimas es muy corto. "No sirve para su inserción laboral y social. Solo para que decidan con asesoramiento y protección si quieren denunciar y poder seguir así en España", afirma González.

La ley de extranjería permite que las víctimas obtengan el permiso de residencia sin que tengan que colaborar con la Justicia, atendiendo a su situación personal. "En algunos casos es tan evidente que son víctimas desprotegidas que no haría falta que diesen información a la Policía para quedarse en España, pero se fomenta poco esta vía. De los dos casos así que nosotros hemos propuesto, los dos han sido denegados", sentencia Marta González. La UCRIF explica que intenta, cuando presenta sus pruebas ante el juez, que la declaración de las víctimas no sea necesaria para culpar a los proxenetas. "Es cierto que ellas viven aisladas y atemorizadas y no tienen por tanto una visión amplia de la red que las explota".

Otro problema añadido es la escasez de plazas de alojamiento que hay en todo el país para atender a las víctimas de trata. Solo 397 plazas, según el último informe del Defensor del Pueblo. Este organismo critica que hay provincias donde no hay. La mitad de estas plazas están en Madrid y Andalucía. Y de los 41 centros que hay, solo siete están especializados en víctimas de explotación sexual.

Los pasos se dan, aunque lentamente. Por primera vez en su historia, la Audiencia Nacional (que se dedica a los grandes casos del crimen organizado) va a procesar a los dueños de clubes de alterne donde se obligaba a prostituirse, sin preservativo, a mujeres rusas. El juez ha imputado a 20 personas acusadas de delitos contra los derechos de las trabajadoras, trata de seres humanos, blanqueo, inmigración clandestina y falsedad documental. "Hay otras tres o cuatro causas que en breve pueden ver la luz también en la Audiencia", señalan fuentes jurídicas.