El delegado sindical de UGT en el puerto de Málaga, Juan Antonio Triviño, ha iniciado este martes, tras 174 días encerrado en el edificio de la Autoridad Portuaria, una huelga de hambre para llamar la atención sobre los casos de "corrupción" en estas instalaciones y sobre "la falta de respuesta" por parte de la Junta de Andalucía y del Gobierno.

El encierro de los trabajadores iniciado hace seis meses perseguía denunciar una serie de presuntas irregularidades cometidas en obras del puerto de la capital, concretamente en el muelle 9, el de contenedores, y en el atraque sur de cruceros, las cuales se investigan en los juzgados, así como exigir la reincorporación de tres trabajadores que habían concluido sus contratos temporales en la Policía Portuaria.

Triviño ha señalado en rueda de prensa que las supuestas irregularidades que "se intuían en mayo, hoy están claramente confirmadas". A su juicio, este hecho quedó reflejado en la "huida" de la Presidencia del Puerto del ahora consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado.

El representante del comité de empresa también ha sido crítico con el actual presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, del que ha dicho que "ha venido con una clara hoja de ruta: intentar tapar esa corrupción". En este punto, ha lamentado "su actitud de indiferencia".

En cuanto a la huelga de hambre, ha reconocido que "no es una medida fácil"; sin embargo, ha añadido, "ante el intento de ocultación de lo sucedido, tenemos que actuar". De todos modos, ha confiado en que PSOE e IU, socios de gobierno en la Junta de Andalucía, "reaccionen".

Izquierda unida

De hecho, Triviño ha valorado que el coordinador provincial de IU y portavoz de la coalición en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro, haya registrado una pregunta al consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, para que se debata en comisión sobre la situación que se vive en el puerto malagueño.

Asimismo, Castro, que espera que las investigaciones judiciales avancen y se puedan clarificar las actuaciones denunciadas, ha considerado que sería "importante" que el propio consejo de administración de la Autoridad Portuaria arbitrara la creación de una comisión de investigación.

Para el representante de la coalición, resulta "llamativa" la ausencia de intervención o posición de las administraciones públicas en general y del Gobierno central en particular, al ser "la institución competente".

"No hay que olvidar que al despido de tres trabajadores, que conllevó el encierro de miembros del comité de empresa, hay que sumar el proceso judicial abierto por las irregularidades en el muelle de cruceros y en el 9, que de confirmarse supondrían un gravísimo escándalo y un perjuicio importantísimo para el Puerto", ha advertido.

Sobre todo, ha subrayado Castro, cuando el puerto es "una infraestructura estratégica para el desarrollo económico, social, industrial y turístico de Málaga".

Por otra parte, ha anunciado que IULV-CA va a solicitar que se arbitren medidas que permitan la reincorporación de los trabajadores despedidos y se evite una gestión que puede llevar a la intervención del puerto a través de un rescate por parte del Estado.