Los trabajadores de la Sala Caracol están desesperados. El Ayuntamiento de Madrid ha precintado el mítico local ya dos veces en menos de un año. El primer cierre se decretó en marzo, alegando que la sala no tenía la licencia correspondiente para programar conciertos (uso terciario recreativo). La empresa realizó los trámites y el Consistorio les concedió un permiso provisional para reabrir mientras se revisaba la licencia. Pero el 30 de octubre, en vísperas de una fiesta de Halloween, les volvieron a cerrar sin previo aviso. Desde aquella fecha están esperando una respuesta que no acaba de llegar.

"Hemos realizado todo el papeleo y las obras que nos pedían. Está todo en regla, pero no nos permiten abrir la sala. ¿Qué más quieren que hagamos?", lamenta Tanya Vondee, portavoz de los trabajadores. En la sala trabajan unas 50 personas, que ahora temen perder sus empleos si el cierre se alarga durante más días: "La empresa está barajando la posibilidad de hacer un ERE o ir a suspensión de pagos si no se da una solución pronto. Se ha invertido mucho dinero en las reformas que nos pedía el Ayuntamiento (doble insonorización, ampliación de la salida de emergencia y baño para discapacitados) y además se han perdido ingresos por todos los conciertos que se han anulado hasta ahora", añade Vondee.

La sala ya ha cancelado una veintena de conciertos que estaban programados para noviembre, entre ellos las actuaciones de Benito Kamelas, Green Valley o The Ocean. Además, se les están cayendo compromisos que tenían ya previstos para diciembre "porque los grupos no tienen garantías de que se pueda abrir para esas fechas", según los trabajadores. "Nos están destrozando toda la temporada alta de conciertos, que suele ir de octubre a diciembre. Nos están haciendo polvo", apunta Vondee.

El Ayuntamiento defiende que está siguiendo los cauces previstos por la normativa en materia de licencias y espectáculos. "La Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (AGLA) está tramitando la licencia. Todavía no se sabe cuándo se resolverá", apuntan fuentes municipales. Pese a las quejas de la empresa y los trabajadores, el área municipal de Urbanismo asegura que el cierre de la sala no tiene nada de irregular: "Tras el primer cierre, el local se reabrió con un permiso por el que solo podía ejercer la actividad de taller de enseñanza y actividades relacionadas con la música popular. Pero los inspectores constataron que las actividades no se ajustan a las señaladas en la autorización provisional".

Por ello, procedieron al cierre el 30 de octubre. "Quizá sea casualidad, pero ese cierre coincidió con el aniversario de la tragedia del Madrid Arena. Desde que pasó aquello, el Ayuntamiento se ha puesto excesivamente estricto", cuenta Vondee. Ahora, los trabajadores solo piden "que el Ayuntamiento acelere los trámites, porque nosotros ya tenemos todo hecho, hemos cumplido con lo que nos reclamaban. Si esto se alarga más, la sala seguirá perdiendo dinero y, lo que es peor, su prestigio. Somos 50 familias las que vivimos de esto, es nuestro futuro el que está en juego".