El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU ha recomendado a España intensificar los métodos para localizar a los miles de desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura y ha recordado al Estado español que estos delitos no prescriben.

La decena de expertos independientes que integran este Comité han enfatizado en sus conclusiones sobre el caso español que no puede existir anminstía ni prescripción de estos delitos "cometidos por agentes del Estado o con su apoyo", por lo que rechaza el argumento del Estado sobre la Ley de Amnistía de 1977.

"Es muy importante investigar todas las desapariciones forzadas, independientemente de la fecha", ha enfatizado Alvaro Garce, abogado uruguayo que forma parte de este Comité de la ONU, durante una conferencia de prensa.

"La aplicación actual de la ley de amnistía no debe ser un obstáculo para la verdad", ha señalado. De esta forma, la ONU rechaza la argumentación esgrimida por la delegación española en su intervención del pasado día 6 de noviembre ante este organismo, que defendía la prescripción de estos delitos en virtud de la Ley de Amnistía de 1977 y se negaba a su revisión.

Igualmente, en las recomendaciones de este Comité se insta a España a intensificar los métodos de búsqueda y localización de los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura, así como a crear un órgano especializado que ayude a determinar su paradero. "Las familias tienen derecho a conocer la verdad sobre el destino de sus seres queridos que han desaparecido", ha señalado el abogado uruguayo.

La ONU ya reclamó al Gobierno de Mariano Rajoy que derogue la Ley de Amnistía de 1977 para abrir "con urgencia" una investigación sobre las desapariciones y los crímenes cometidos durante el franquismo tras la visita a España a finales de septiembre de un grupo de trabajo a España para conocer cómo se estaban investigando las desapariciones del franquismo.

"Es lamentable la situación de impunidad en los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura. No hay una investigación penal efectiva en curso ni ninguna persona condenada", denunciaron los expertos de la ONU que visitaron España.

La base de datos elaborada por el Juzgado de Instrucción Penal número cinco —que en su momento ocupó el juez Baltasar Garzón que inició una investigación sobre los crímenes del franquismo— contiene información sobre más de 114.000 victimas.