Fiscal pide para exalcalde socialista de Bollullos nueve años de inhabilitación por prevaricación

El Ministerio Fiscal ha solicitado para el exalcalde socialista de Bollullos Par del Condado (Huelva) Carlos Sánchez nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para ser alcalde o formar parte de una corporación local durante nueve años por un presunto delito de prevaricación, tras la supuesta recalificación de unos terrenos rústicos para ubicar en los mismos el recinto ferial de la localidad entre junio de 2005 y marzo de 2007.
El exalcalde de Bollullos Par del Condado Carlos Sánchez en los juzgados.
El exalcalde de Bollullos Par del Condado Carlos Sánchez en los juzgados.
Europa Press/Archivo
El exalcalde de Bollullos Par del Condado Carlos Sánchez en los juzgados.

El Ministerio Fiscal ha solicitado para el exalcalde socialista de Bollullos Par del Condado (Huelva) Carlos Sánchez nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para ser alcalde o formar parte de una corporación local durante nueve años por un presunto delito de prevaricación, tras la supuesta recalificación de unos terrenos rústicos para ubicar en los mismos el recinto ferial de la localidad entre junio de 2005 y marzo de 2007.

Según reza en el escrito de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Europa Press, durante el tiempo que ejerció como alcalde, y bajo su auspicio directo, comenzó a gestionarse en el primer trimestre del año 2005 la construcción de este recinto multifuncional junto al acceso norte de la variante de Bollullos Par del Condado de la carretera A-483 para lo cual era preciso la adquisición por parte del Ayuntamiento de terrenos pertenecientes a particulares.

Con dichos particulares, según concreta el fiscal, se concertó mediante los contratos reseñados la permuta de sus fincas por terrenos urbanizables de carácter industrial que resultarían de la futura modificación del PGOU del municipio en un porcentaje variable según la superficie aportada.

Respecto a dichos convenios de permuta, el fiscal remarca que se realizaron informes negativos por técnicos municipales, advirtiéndose desfavorablemente de las permutas suscritas, considerando más adecuado diferir la adquisición de los terrenos hasta que no se obtuvieran los aprovechamientos, que no existirían hasta no se aprobara el PGOU, que además no era competencia del Ayuntamiento sino de la Junta.

No obstante, a pesar de los informes negativos, el acusado, en su cualidad de alcalde, dictó un decreto aprobando los compromisos de permuta sin perjuicio de la iniciación y tramitación de los expedientes pertinentes en el momento de formalización de las citadas adquisiciones, indicando además que dichos expedientes nunca llegaron a realizarse.

A su vez, la Fiscalía considera que el acusado dio orden de adquirir terrenos mediante compraventa y a través de una entidad municipal sin figurar expedientes administrativos.

Las obras del recinto multifuncional comenzaron en el mes de febrero de 2006 y las mismas consistieron en urbanización, pavimentación, saneamiento, establecimiento de electricidad y creación de calzada. De igual modo, el Ministerio Fiscal considera que para la realización de todas las obras anteriores de acondicionamiento del recinto ferial tampoco se formalizó expediente administrativo alguno, de forma que no se tramitó procedimiento de contratación ni de adjudicación, ni proyecto de obra, ni ningún otro trámite legalmente establecido.

Pese a ello, el acusado, en su condición de alcalde, acordó verbalmente la realización de las obras con diversas empresas y el pago de las mismas por decreto, conociendo la falta de dotación presupuestaria en todos los casos y el informe contrario de la intervención del Ayuntamiento.

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