El ex director general de la CAM Roberto López Abad, que ingresa en prisión a la espera de que deposite los 1,5 millones de fianza que le ha impuesto el juez, es el segundo banquero que ingresa en la cárcel por las irregularidades en las cajas tras el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

El magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez también ha decretado prisión eludible bajo fianza, en este caso de 400.000 euros, para el exresponsable de Empresas de la CAM Daniel Gil, que también ha sido conducido al centro penitenciario de Soto del Real (Madrid).

A pesar de que la Audiencia Nacional instruye varias causas sobre irregularidades en entidades de crédito —como Bankia, CAM, Novacaixagalicia, CCM, Caixa Penedés, Banca Cívica y Banco de Valencia— en las que hay decenas de imputados, es la primera vez que se dicta una medida de prisión, aunque sea eludible bajo fianza.

Hasta ahora, solo Blesa había sido encarcelado, pero por orden del juez de Madrid Elpidio José Silva, que investigaba la concesión de créditos por parte de Caja Madrid al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y la adquisición del City National Bank de Florida (Estados Unidos). Silva ordenó el ingreso en prisión de Blesa en dos ocasiones: primero en mayo —cuando el exbanquero estuvo en Soto del Real apenas 24 horas, tiempo que tardó en reunir la fianza de 2,5 millones que le fue impuesta— y luego en junio.

En esta segunda ocasión la prisión era incondicional y Blesa pasó quince días en la cárcel, hasta que la Audiencia Provincial anuló el auto dictado por el juez. Silva se enfrenta ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a una querella interpuesta por la Fiscalía por, entre otros, dos delitos contra la libertad individual del expresidente de Caja Madrid.

El 28 de mayo de 2012 Anticorrupción abrió diligencias para investigar el proceso de constitución de Bankia, y el 4 de julio la Audiencia Nacional admitió a trámite una querella de UPyD contra el exministro de Economía y exvicepresidente del Gobierno. Rato fue imputado junto a otros 32 exconsejeros de BFA-Bankia por posibles delitos de falsificación de las cuentas anuales y de los balances, administración desleal o fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. El pasado mes de julio, Rato defendió ante la Audiencia Nacional la legalidad de las preferentes y pidió anular su investigación.

El expresidente de Bancaja fue imputado en el marco de la investigación del agujero de Bankia-BFA a raíz de una querella de UPyD. Como exvicepresidente de Bankia y junto al exconsejero delegado de la entidad, Francisco Verdú, fue imputado por estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas.

El expresidente de Novacaixagalicia fue imputado en el marco de una investigación de prejubilaciones millonarias concedidas tanto a él como a otros directivos de la entidad. El juez ya había impuesto a él y otros directivos fianzas millonarias el pasado mes de noviembre. Junto a otros imputados en la causa, se le reclama que devuelvan 7,8 millones de euros entre indemnizaciones y planes de pensiones, al entender que se percibieron de forma indebida. El montante global de sus pagos supera los 42 millones.

El gobierno en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero decretó un indulto  a Sáenz después de que el Tribunal Supremo condenase al banquero a tres meses de prisión e inhabilitación para ejercer cargos de administración por un delito de acusación falsa a unos deudores de Banesto que se remonta a 1994, cuando era presidente. Sáenz presentó su renuncia a sus cargos de vicepresidente y consejero delegado de la entidad. Esa renuncia se producía antes de que el Banco de España comunicara si el directivo podía continuar en su cargo. Pese al escándalo, su jubilación le reporta 88 millones de euros de pensión.

El exconsejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, fue imputado por el juez Santiago Pedraz por apropiación indebida y administración desleal junto a Alfonso Monferrer (director de participaciones inmobiliarias) y Bartolomé Cursach.  La antigua cúpula del Banco de Valencia fue señalada así por la Audiencia Nacional tras un informe del FROB que el propio Domingo Parra calificó de "falso". En él, se les acusaba de defraudar 137 millones de euros.

El exbanquero fue condenado en 2002 a veinte años de prisión por delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad documental. En noviembre de 2005 recibió el tercer grado penitenciario. El 31 de marzo de 2000, Mario Conde fue condenado por la Audiencia Nacional a diez años y dos meses de prisión por apropiación indebida, estafa y falsedad en el caso Banesto, y el 29 de julio de 2002 el Tribunal Supremo aumentó la condena de diez a veinte años de cárcel. En 2012 la Audiencia Nacional ordenó el decomiso de cinco fincas en ejecución de la condena de 2000.

Gómez-Bermúdez impuso una fianza de 25,8 millones de euros a los cinco exdirectivos de la CAM imputados por presuntas irregularidades en la gestión de la caja de ahorros tras una acusación particular del FROB. Se trata del expresidente, Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad (ya en prisión) y María Dolores Amorós, y los exdirectores de planificación y recursos Teófilo Sogorb y Vicente Soriano. Anteriormente el juez le retiró el pasaporte a Amorós y López Abad apuntando a un riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

El expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y exdiputado socialista, Juan Pedro Hernández Moltó, declaró ante la Audiencia Nacional como imputado por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la caja.