El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado prisión eludible bajo fianza de 1,5 millones de euros para el ex director general de la CAM Roberto López Abad por desviar 247 millones de euros a un paraíso fiscal a través de operaciones hoteleras en el Caribe.

Gómez Bermúdez ha decretado la misma medida para el ex director general de Empresas de la caja alicantina Daniel Gil, en su caso bajo fianza de 400.000 euros, al que imputa los mismos delitos que al anterior: contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración desleal y apropiación indebida.

El magistrado ha rebajado así las cantidades reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado 2 millones y 500.000 euros para López Abad y Gil, respectivamente, petición a la que se había adherido la acusación ejercida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Según los autos por los que ha ordenado su ingreso en prisión, tanto López Abad como Gil "están en los dos escalones superiores de la CAM" y han intervenido en la comisión de estos delitos, "ya sea como autores materiales, o como cooperadores necesarios". Ambos, que ingresarán en la cárcel madrileña de Soto del Real, "han tenido desde el comienzo un papel esencial en las negociaciones relativas a la financiación de los proyectos de la sociedad Valfensal", participada en un 30% por la filial de la caja Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI).

Por el contrario, el juez ha dejado en libertad al exdirector de la división internacional y negocio hotelero César Veliz; al ex director general de Tenedora de Inversiones y participaciones (TI) —filial de la entidad— Vicente Sánchez y al empresario Francisco Climent, a los que el juez no ha impuesto ninguna medida cautelar. Todos ellos fueron detenidos este miércoles en la 'operación Mare Nostrum' junto a otras cuatro personas, entre ellos el asesor fiscal del despacho Garrigues Jaime Escrivá, al que el juez tomará declaración este viernes.

Gómez Bermúdez justifica en sus resoluciones las órdenes de detención diciendo que eran necesarias para evitar "la eventual fuga de los presuntos responsables, pues estos cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la Justicia situándose en Curazao, país con el que no existe convenio de extradición".

Gómez Bermúdez comenzó a tomar declaración a Roberto López Abad pasadas las 18.30 horas, poco después de interrogar a Daniel Gil Mallebrera.

El juez asegura que los dos principales imputados no tuvieron "ningún reparo" en situar inversiones de la caja "en territorio calificado de paraíso fiscal" cuando los empresarios Ferri y Baldó les informaron de su intención de adquirir una sociedad en un paraíso fiscal "o de baja tributación" a la que desviar los beneficios de varios hoteles que pensaban adquirir o construir en México y en la República Dominicana. Como consecuencia de esas prácticas, el juez calcula que en los últimos cinco años se defraudaron a la Hacienda española unos 31 millones de euros.

La estructura fiscal creada al efecto contó con el asesoramiento "del despacho Garrigues" y concretamente de su asesor fiscal Jaime Escrivá, que defendió en varios informes la legalidad de la utilización de una sociedad pantalla "con una actividad meramente aparente" domiciliada en Curazao, Jacksonport Corporation, para canalizar los beneficios de Valfensal.

López Abad y Gil utilizaron a su vez esos informes para justificar ante los órganos de control de la caja la legalidad de esa estructura societaria. El objetivo de los empresarios Ferri y Baldó era utilizar Valfensal para obtener financiación de la CAM y transferir luego el dinero a sociedades radicadas en el extranjero, que serían las que hicieran las inversiones que tenían previstas.

Según el juez, "ese plan era conocido y consentido" por López Abad, Gil y Veliz, que imponían en la CAM sus decisiones sobre Valfensal, que tras adquirir Jacksonport —y la holandesa Bencos Holding— concentró en ella la facturación de los hoteles Caracol y Gala, adquiridos en México.

Jacksonport obtuvo entre 2004 y 2011 unos ingresos de 333 millones de dólares —247 millones de euros— que, afirma el magistrado, darían como resultado "un delito fiscal de cierta relevancia", con una cuota defraudada desde 2007 de más de 42 millones de dólares, unos 31 millones de euros.

Gómez Bermúdez añade que los empresarios y los ex altos cargos de la CAM decidieron también que Valfensal no repartiera dividendo, alterando para ello la contabilidad, y que en 2010 firmaron "en perjuicio" de la caja un contrato de gestión hotelera entre esa sociedad y Seabrezee, vinculada a Ferri y Baldó.

El contrato permitió a estos últimos facturar a Seabrezee, "en concepto de prestación de servicios, una importante suma económica sin que existiese una contraprestación similar en el caso de la CAM", que de este modo no obtenía ningún ingreso de los beneficios producidos por Valfensal.