Los vecinos del Raval han denunciado de forma reiterada la "brutalidad policial" que se ejerce "desde hace años" en la comisaría de los Mossos d'Esquadra en el Raval, como recuerda a 20minutos el presidente de la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona (FAVB), Lluís Rabell.

La muerte de un empresario del Gaixample tras ser reducido por la policía catalana "no es un caso aislado", aunque sí el más grave. Este verano, por ejemplo, el periodista Bertran Cazorla fue detenido en comisaría tras reprender a un agente por su comportamiento con un ciudadano. Rabell lamenta que por la "solidaridad corporativista" se proteja a un grupo de agentes que "actúan de forma violenta y descontrolada".

Además, lamenta que la jueza que investiga el fallecimiento de Juan Andrés Benítez no haya requerido la identificación de los agentes que participaron en la detención hasta la aparición, en los medios de comunicación, de dos vídeos donde se ve la actuación policial. Rabell hace el mismo reproche a Consejería de Interior.

Ante las continuas denuncias, la FAVB ha pedido al alcalde de Barcelona, Xavier Trias, una reunión del Consejo de Seguridad Urbana, para que el Departamento que dirige Ramon Espadaler explique qué ocurre en la comisaría. La solicitud ha sido rechazada.

Los portavoces de los sindicatos SAP-UGT, Valentí Anadón, y SME, Antoni Castejón, han defendido la actuación de sus compañeros de Ciutat Vella, una de las zonas donde "es más difícil patrullar", por la cantidad de delitos y peleas que se producen.

En cuanto al caso concreto de Benítez, ambos admiten que "las imágenes no son agradables" pero sostienen que los agentes implicados se limitaron a "reducir y contener a una persona muy agresiva y fuerte". En ese sentido, señalan la necesidad de ver "la secuencia completa" de unos hechos de "extrema violencia".

"La policía no actúa nunca con violencia sino con la fuerza", agrega Castejón, mientras que Anadón asegura que los Mossos tienen un "perfil psicológico muy concreto" para poder responder en estas situaciones.

La muerte de Benítez no es el único caso polémico en el que se han visto implicados los Mossos d'Esquadra ni la Guàrdia Urbana en Cataluña y, sobre todo, en Barcelona. En julio, por ejemplo, el colectivo homosexual se quejó de un operativo policial "desproporcionado, violento e indiscriminado" en varios locales de ocio nocturno del Raval. En dos bares de ambiente entraron 40 antidisturbios. Ese mismo mes, el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona imputó a once mossos por el desalojo, en enero, de una nave del barrio del Poblenou en la que vivían 300 inmigrantes.

Otro de los casos con una actuación policial más polémica es la de los antidisturbios durante la última huelga general, el 14 de noviembre. Un niño de 13 años fue golpeado por los antidisturbios en Tarragona y también una chica de 16 que reprendió a los agentes por su actitud. Esa noche, además, Ester Quintana perdía un ojo por el impacto de una pelota de goma cuando regresaba a casa tras una manifestación. No es la única víctima de esta munición antidisturbios.

También generó muchas críticas el desalojo de la plaza Cataluña de Barcelona, ocupada durante semanas por el movimiento 15-M. Decenas de personas resultaron heridas el 27 de mayo de 2011 durante la actuación policial.

Según el informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, un total de 851 personas denunciaron agresiones o malos tratos en todo el país durante 2012. De estas, 141 lo hicieron en Cataluña y el 70% tras haber participado en manifestaciones o movilizaciones sociales.

De hecho, un informe del Consejo de Europa denuncia la vulneración de los derechos de las personas detenidas por los Mossos, tanto por las denuncias de malos tratos como por los casos que no están siendo investigados adecuadamente. Eso sí, la instalación de cámaras en las salas de interrogatorios ayudó a "avanzar mucho" contra las torturas, según Amnistía Internacional.

En mayo, unas 300 personas se manifestaron por el centro de Barcelona contra las torturas y la impunidad, pues también pidieron que se investiguen los presuntos casos de malos tratos. Precisamente, el indulto de cuatro mossos condenados por torturar un detenido en 2008 levantó ampollas entre la judicatura. Cerca de 200 jueces firmaron un manifiesto contra la decisión del Consejo de Ministros en tanto que "menosprecio" al poder judicial.