Cuatro años después, una jueza de Barcelona ha reabierto el caso de la muerte de un joven tras ser detenido por la Guàrdia Urbana en el distrito de Sant Martí de la capital catalana porque "se archivó de forma precipitada" cuando todavía había pendientes pruebas periciales solicitadas por el propio juzgado, según ha explicado a 20minutos la abogada de la familia, Lourdes Muñoz.

El caso se remonta a la madrugada del 18 de abril de 2009, cuando la Guàrdia Urbana arrestó a Alberto Torres en la Rambla de Guipúzcoa, en el barrio de la Verneda. Según la versión policial, unos jóvenes alertaron a una patrulla que pasaba por allí de que había un joven haciéndose pasar por guardia civil.

Como estaba muy alterado, los agentes solicitaron el apoyo de otras patrullas y cuando le esposaron y lo introdujeron en el vehículo policial, siguió profiriendo insultos y dando golpes con la cabeza y los pies, llegando a romper unos de los cristales y a desencajar los marcos de las puertas traseras. Los agentes lo cambiaron de vehículo y fue entonces cuando se desvaneció. Pese a los intentos por reanimarlo, falleció en el hospital Clínic.

La letrada cuestiona que fueran necesarios seis agentes para reducir al joven –tenía 24 años y sin problemas de salud- y subraya que "la detención no tendría que haber dado lugar al fallecimiento de Alberto". "Objetivamente, no hay una relación causa-efecto entre una detención y una muerte", agrega.

La jueza dictó el archivo provisional de la causa en octubre de 2010 pero el informe forense que había solicitado no llegó hasta el mes de mayo del año siguiente. "Y había otros informes pendientes", explica Muñoz. Uno de ellos es el encargado por la familia y que "rebate punto por punto los anteriores", asegura.

Ahora, con esta pericial de parte y el informe que encargó el juzgado, la magistrada ha reabierto el caso y ha citado para el próximo 28 de noviembre a los autores de ambos informes para que ratifiquen su contenido en sede judicial, un procedimiento habitual. Sin embargo, la familia espera poder esclarecer lo ocurrido.

Y es que la familia de Alberto no ha dejado de luchar. Ni de sufrir. "Perdí a mi padre por un cáncer de pulmón y mi madre se tuvo que hacer cargo de tres críos pequeños pero no sufrimos ni una cuarta parte de lo que hemos sufrido con mi hermano", afirma Ramon, hermano del fallecido.

Ramon, "decepcionado con la justicia", empezó a investigar el caso y a buscar testigos y encontró un vídeo en Youtube de un hombre que presenció el incidente. Sin embargo, cuando declaró en el juzgado "cambió la versión" y la jueza no admitió como prueba la grabación. Ahora, vuleve a pedir la colaboración ciudadana para encontrar imágenes o testigos.

Además, asegura que el forense no realizó correctamente la autopsia y niega que su hermano estuviera drogado como se publicó en su momento. "Tenía 0,01 miligramos de cocaína por sangre. Una cantidad que roza el ridículo", afirma Ramon, quien recuerda los esfuerzos para pagar a los abogados y las pruebas periciales de parte. Su madre no ha vuelto a trabajar desde la muerte de su hijo y él se quedó en el paro en noviembre tras meses sin cobrar. Ahora, ha agotado la prestación por desempleo.