Ramón Sabín, abogado de Leonardo Augusto Patterson, ha celebrado este martes la sentencia que absuelve a éste de contrabando de arte en España, por el traslado sin autorización a Alemania en 2008 de unas piezas de arte precolombino que permanecieron en la capital gallega desde 1996, al tiempo que ha sugerido que "se va a por él" por el "color de su procedencia".

Preguntado por las dos órdenes de extradición de Guatemala y Perú que tiene pendientes el costarricense, Sabín ha afirmado que "da la sensación de que esto va contra una persona de un determinado color de piel y de una determinada zona del mundo". Así, ha incidido en que dichas peticiones "no tienen fundamento".

"Se habla muy en abstracto de que pudo haber exportado ilegalmente piezas de estos países; pudo haber o no haber, pero cuando se acusa a alguien de un delito tiene que haber una acusación contundente y probada", ha defendido, para añadir que, "por esa regla de tres", habría que preguntarse por la procedencia de piezas de museos europeos o de ciudades como Nueva York.

"Y no veo ninguna acusación contra los directores de esos museos o las autoridades que los ayudan o subvencionan", ha apostillado el abogado, quien ha señalado que la defensa de Patterson hace "lo que puede" contra estas órdenes de extradición, antes de lamentar que "a veces" los convenios suscritos entre países pueden "más que la razón".

Al margen de estas "injustas" órdenes de extradición, Sabín ha subrayado que la sentencia dada a conocer este martes es "clara y contundente" a favor de su defendido, aunque no es firme. Al respecto, ha avanzado que si hay recurso de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado se acometerá su impugnación.

"absoluta conformidad"

Durante su intervención, Sabín ha explicado que convocó a los medios por petición "expresa" de Patterson y ha subrayado que "se le debe hacer justicia". "No sabemos si la sentencia va a ser recurrida o no, pero es clara y contundente en el sentido de que los bienes no son susceptibles de la protección de los que se integran en el patrimonio histórico español", ha reflexionado.

A renglón seguido, ha hecho hincapié en que "no puede ser que le demanden" porque hay países que afirman que "las piezas les pertenecen" y que sean la Fiscalía y la Abogacía del Estado las que pretendan "que se ha cometido un delito contra el patrimonio histórico español".

Ha añadido que en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago queda "claro" que es el Auditorio de Galicia el que "trajo" las piezas y que no se puede acusar de "contrabando" a su defendido, además de que dichas piezas "no forman parte" del patrimonio histórico de España.

Así las cosas, ha ratificado su "absoluta conformidad" con el fallo judicial, con independencia que no haya entrado a valorar "otras cuestiones como la total y absoluta falta de dolo".

Traslado de las obras

Patterson, de nacionalidad costarricense, detenido en marzo por la Interpol en el aeropuerto de Barajas, inició su relación con la comunidad al traer a Santiago en 1996 una colección de más de 1.400 obras de arte precolombino procedentes de varios países latinoamericanos y con valor superior a 18.000 euros, expuesta en el Auditorio de Galicia bajo el título de 'El espíritu de la América Prehispánica'.

Como hechos probados, la sentencia relata que finalizada la exposición, el entonces conselleiro de Cultura, Jesús Pérez Varela, "convino con el acusado" el traslado de las piezas a la Iglesia de San Domingos de Bonaval y al Pazo de Fonseca, donde se desarrolló una segunda exposición entre el 19 de junio y el 30 de noviembre de 1997.

Cuando ésta finalizó, procedió a depositar la colección en los bajos de un inmueble propiedad de la empresa Mudanzas Boquete en la capital gallega, donde permaneció en una cámara de seguridad hasta el 4 de marzo de 2008.

En esta fecha, Patterson impartió órdenes para sacar la colección del local donde había sido depositada más de 10 años atrás y expedirla con dirección a Alemania, donde las obras fueron incautadas y retenidas por la policía aduanera de Munich.

La Fiscalía pedía dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 28 millones de euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses de privación de libertad, mientras que la defensa había solicitado su libre absolución al considerar que Patterson "no era autor de delito alguno".