La Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón ha rechazado este miércoles, con los votos de PP y PAR, sendas mociones de los Grupos de IU y CHA sobre protección de los derechos sociales y el medio ambiente en el sistema tributario.

El diputado de IU Adolfo Barrena ha defendido la primera iniciativa, con la que este Grupo pretendía reprobar el incumplimiento del mandato del Reglamento de la Cámara que obliga a presentar el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma antes del último trimestre del año. Barrena ha considerado "una irresponsabilidad" este incumplimiento.

Además, ha propuesto que el Gobierno regional desarrolle una política fiscal que asegure las prestaciones sociales vinculadas al bienestar, la conciliación de la vida laboral y familiar, el acceso a los servicios de salud en condiciones de igualdad, universalidad y calidad, la asistencia sanitaria digna, los servicios públicos de calidad y la renta básica.

También ha planteado que la fiscalidad favorezca una educación de calidad, el acceso al sistema público de servicios sociales, la entrada de los jóvenes en el mundo laboral y el derecho a la vivienda, así como el pleno empleo. Barrena ha exigido de este modo el cumplimiento de la Constitución "en todos sus extremos".

El presidente del Grupo de CHA, José Luis Soro, ha recomendado que, independientemente de que el Ejecutivo presente tarde los Presupuestos, las Cortes tengan asegurado un periodo de tres meses para tramitar esta ley.

Respecto al segundo punto ha considerado "imposible" garantizar todos los derechos constitucionales y a la vez cumplir el objetivo de déficit y pagar los intereses de la deuda.

El parlamentario del PAR, Antonio Ruspira, ha justificado la tardanza en la presentación del proyecto de ley presupuestaria argumentando que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 se hicieron públicos el 30 de septiembre, lo que dificulta la elaboración final de la ley aragonesa.

Respecto al segundo punto, ha dicho que la política de PP y PAR incluye no incrementar la presión fiscal para conseguir una recuperación económica que permita incrementar los ingresos no financieros.

La diputada socialista Ana Fernández ha apoyado el primer punto, al igual que el segundo, considerando necesario llevar a cabo una reforma fiscal. Ha expresado que para garantizar la atención a los ciudadanos es necesario disponer de recursos públicos, es decir, que "hay que empezar a ver de qué forma se pueden obtener más ingresos".

El diputado del PP, Jorge Garasa, ha dicho que los Presupuestos autonómicos se han presentado con retraso desde 2006, pero "todos han regido en tiempo y forma", para añadir que "subir impuestos baja la recaudación" y ha aprovechado para defender el Plan Impulso, que contempla medidas para la protección de los derechos que Barrena ha recogido en su moción.

Fiscalidad verde

Asimismo, la Cámara ha rechazado una moción que ha defendido José Luis Soro, quien ha propuesto impulsar los impuestos medioambientales, especialmente para que estos cumplan su finalidad extrafiscal.

En concreto, el presidente del Grupo de CHA ha apostado por revisar el actual régimen del impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera y el impuesto sobre las grandes áreas de venta, valorando también la recuperación del gravamen sobre el transporte por cable y "explorando la creación de nuevos tipos impositivos ambientales".

Soro ha recomendado incluir en el proyecto de ley de medidas fiscales de 2014 esta revisión impositiva y también que se concreten las medidas preventivas, correctoras o restauradoras del medio ambiente explotado, degradado o lesionado que se van a financiar con los ingresos obtenidos por la recaudación ambiental.

José Luis Soro ha dicho que "la capacidad tributaria de las comunidades autónomas es muy escasa" y que a Aragón le queda el campo de la fiscalidad medioambiental. Ha recordado que el Gobierno de España está impulsando estos impuestos y que el Tribunal Constitucional ha abierto la posibilidad de gravar las grandes áreas de venta.