El Parlamento andaluz pide la "retirada inmediata" de la reforma de las pensiones planteada por el Gobierno

El Pleno del Parlamento ha aprobado, con el voto a favor de PSOE-A e IULV-CA y el rechazo de PP-A, que la Cámara andaluza inste a la Junta a que demande al Gobierno central la "retirada inmediata" del proyecto de Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones; revocando la decisión de revalorizar las pensiones en un 0,25 por ciento para 2014 y garantizándoles el 1,3 por ciento que está previsto en el aumento del IPC.

No obstante, uno de los puntos de la iniciativa presentada por el PSOE-A ha contado con la unanimidad de la Cámara. Concretamente, aquel en el que se pide que la Junta, en base a sus competencias autonómicas, mantenga el complemento a las pensiones mínimas en Andalucía y se revaloricen en función del incremento del índice de precios al consumo.

De igual modo, el Parlamento reclama, con los votos de PSOE e IULV-CA y el rechazo del PP-A, que el Gobierno andaluz inste al Ejecutivo central a abrir un proceso de negociación con los grupos políticos y sindicatos cuyo fin debe ser el cumplimiento estricto del artículo 50 de la Constitución, en el que se apunta que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad.

También ha sido aprobado con los mismos votos que el Parlamento inste a Junta reclamar al Gobierno que utilice las dotaciones del Fondo de Reserva para la cobertura de los desequilibrios cíclicos del sistema de pensiones, en lugar de rebajar la cuantía de las nuevas pensiones o la revalorización de las existentes como se prevé en la actual reforma de las pensiones que contempla aplicar.

Cabe destacar que el último punto de la iniciativa ha sido rechazado al contar con los votos en contra de IULV-CA y PP-A. El PSOE-A reclamaba derogar la reforma laboral actual, mientras que la federación de izquierdas había presentado una enmienda de modificación, no aceptada por PSOE-A, en la que se pedía la derogación también de la reforma laboral del Gobierno de Zapatero.

En defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha afirmado que el proyecto de Ley de PGE y el proyecto de Ley regulador del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social significan "la pérdida permanente" de poder adquisitivo de los pensionistas.

Según ha apuntado Pérez, el 80 por ciento de las pensiones contributivas en España no llegan a 1.000 euros, "siendo un 25 por ciento más bajas que la media de la Unión Europea". A su juicio, la reforma de las pensiones es "innecesaria" y un "fraude electoral" porque va en contra del programa del PP.

Por su parte, la parlamentaria del PP-A Dolores López ha acusado al PSOE-A de "mentir" a los pensionistas y de "manipular" la realidad en relación a la reforma del Gobierno de Rajoy, al tiempo que ha recordado que los socialistas votaron a favor que de que el gobierno de José Luis Zapatero subiera las pensiones "cero".

López, que ha considerado que no puede dar "lecciones" quien cada vez que ha gobernado ha dejado "en quiebra" el sistema de pensiones, ha hecho hincapié en que la reforma que promueve el Gobierno garantiza que, "independientemente de la situación económica que haya, siempre, siempre, siempre habrá subida para las pensiones".

Finalmente, la diputada de IULV-CA Rosalía Martín ha asegurado que el PP tiene un discurso "demagógico, tramposo e hipócrita" en materia de pensiones y ha garantizado que su formación va a combatir en las instituciones y en la calle la reforma que en esta materia pretende llevar a cabo el Gobierno de la Nación.

En su opinión, se trata de una reforma con la que se pretende "robar" 33.000 millones en nueve años, después de que el Gobierno ya dé "por pedidos" los 36.000 millones prestados a la banca. Además, según ha apuntado, lo grave de esta reforma es que supone un cambio "estructural y no coyuntural" que supondrá la pérdida permanente del poder adquisitivo de los pensionistas.

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