La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha asegurado que le toma "la palabra" a la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, después de que ésta expresara esta semana la predisposición del Ejecutivo central al diálogo respecto a la ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, conocida como 'Ley Antidesahucios', que ha entrado en vigor este miércoles.

Así, Cortés, en declaraciones a los periodistas, ha solicitado la convocatoria "inmediata" de la comisión bilateral Junta-Gobierno con la finalidad de resolver las posibles "discrepancias" que pueda plantear la administración estatal respecto a una normativa "cuya función social queremos que entre plenamente en vigor", dado que se ha aprobado "con los cauces democráticos y autonómicos de los que disponíamos".

Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda han asegurado a Europa Press que la ley se empieza a aplicar a partir del instante mismo de su entrada en vigor, continuando con las expropiaciones para evitar desahucios, la inspección del parque de vivienda para detectar inmuebles vacíos y, eventualmente, sancionar a las personas jurídicas propietarias; incentivando a personas físicas para que pongan en alquiler sus viviendas vacías, entre otras medidas.

El objetivo de la normativa vuelve a ser el mismo que el decreto ley, esto es, "abaratar el acceso a la vivienda en alquiler y evitar desahucios de personas que ya no tienen ninguna alternativa y están en riesgo de exclusión social".

Las fuentes recuerdan que "el decreto ley funcionó y fue enormemente útil, por lo que la ley lo será aún más a partir de ya", de manera que "las familias vuelven a tener una herramienta con la que defenderse de los abusos del poder financiero".