El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha avanzado que los cuatro millones de euros que recoge el Plan Impulso para la atención a la dependencia, concretamente para la prestación económica vinculada al servicio, van a permitir "dar de alta aproximadamente a 534" personas, en residencias, centros de día o en "donde decidan ir" los beneficiarios.

Así lo ha señalado en respuesta a una interpelación formulada en el Pleno de las Cortes de Aragón por la portavoz de IU, Patricia Luquin, para subrayar su apuesta "por el cumplimiento de la ley", además de que esta medida permitirá "generar actividad y crear puestos de trabajo".

En este sentido, ha manifestado que unas de las conclusiones del informe que hace balance de los cinco primeros años de la aplicación de la ley de la dependencia es que "se han incumplido las expectativas generadas por la ley en materia de empleo".

Otra de las conclusiones es que no se habían priorizado los servicios frente las prestaciones económicas, para apuntar que estas últimas "son más fáciles de tramitar y más económicas", pero la ley las contempla como algo "excepcional" y "cuando no hay otro recurso".

Por eso, el Gobierno de Aragón está propiciando un cambio de tendencia, y, en estos momentos, se ha dado "un pequeño giro en el porcentaje", representando los servicios el 40,5 por ciento. Al respecto, ha reconocido que al ser más costosa esta opción para la Administración "podemos dar menos altas", pero ha considerado que de esta forma se cumple mejor la ley.

Se mantiene el presupuesto

Oliván ha asegurado que la partida presupuestaria del nivel de la dependencia que el Gobierno central transfiere a las Comunidades autónomas, que es el nivel mínimo, "se mantiene" respecto al año anterior, con 1.087 millones de euros, mientras que ha precisado que ya no figuran en el presupuesto los mil millones de euros de retrasos referidos a los cuidadores, que "ya se han abonado".

En el caso de Aragón, ha puntualizado que de los 9.000 dependientes esperando recibir una prestación o servicio, 4.500 están valorados, pero todavía no ha llegado la fecha en que entre en vigor su derecho reconocido, que será 1 de julio de 2015.

Finalmente, se ha referido al cierre de la residencia de Movera y a la apertura de la de Utebo con un sistema de "gestión indirecta", con el objetivo de "aumentar el número de plazas residencia en la Comunidad autónoma", ya que "se liberan dos millones de euros que vamos a dedicar a concertar más plazas", además de que "los puestos de trabajo se van a mantener e, incluso, aumentarán".

PRIVATIZACIÓN

La portavoz de IU, Patricia Luquin, ha criticado al consejero por "desmontar los servicios sociales públicos" y apostar por la "privatización" y ha sostenido que han desaparecido de los presupuestos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "mil millones de euros, de un año para otro".

"¿Cree que con mil millones menos en 2014 se va a poder atender la ley de la dependencia" y las prestaciones y servicios que contempla?, ha preguntado Luquin al consejero.

La parlamentaria ha lamentado que al Gobierno "solo le preocupan determinadas obligaciones e intereses de los bancos, nunca la ciudadanía y sus derechos".