Consideran "inhumano" que Hungría penalice con multas y cárcel a quienes viven en la calle

  • Quienes vivan en la calle puede ser obligados a trabajar en obras públicas o ser sancionados con multas o penas de cárcel de entre 1 y 60 días.
  • Por ley estará prohibido vivir en zonas declaradas patrimonio mundial y los ayuntamientos podrán ampliar la prohibición a las calles que deseen.
Una indigente pide limosna.
Una indigente pide limosna.
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Una indigente pide limosna.

El Parlamento húngaro ha aprobado una nueva legislación que permite a los Ayuntamientos establecer en qué zonas de los municipios está prohibido vivir en la calle y castiga a los sin techo con multas de hasta 500 euros y 60 días de cárcel.

La ley, aprobada este martes con los votos del gobernante Fidesz establece como norma que estará prohibido vivir en zonas declaradas patrimonio mundial y que cada Gobierno local podrá determinar el resto de calles y plazas que estarán vetadas para que residan las personas sin hogar, según informó el portal origo.hu.

El día antes de la aprobación de la ley ya se habían producido protestas ante el Parlamento para evitar la aprobación de una ley que ya en noviembre de 2012 el Tribunal Constitucional había declarado nula. Entonces se echó para atrás una ley de abril de ese año que criminalizaba a los sin techo, argumentando que la prohibición de vivir en la calle era inconstitucional.

Organizaciones pro derechos humanos húngaras han declarado que esta ley es "inhumana" y que supone "una violación de los derechos humanos". Además, recuerdan que es una ley "peligrosa" ya que obligará a los sin techo a dormir en zonas poco concurridas y sin vigilancia.

El pasado marzo, el conservador Fidesz utilizó la mayoría de dos tercios de que disfruta en el Parlamento para modificar la Carta Magna y poder tramitar esta nueva ley contra los "sin techo".

La nueva ley determina que todos aquellos que no obedecen a las autoridades y continúen viviendo en las calles cometen un delito menor y puede ser obligados a trabajar en obras públicas o bien ser sancionados con multas de entre 16 y 500 euros o penas de cárcel de entre 1 y 60 días, según determinen los tribunales.

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