El secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, ha negado que exista ninguna "estafa" en el uso y destino de las ayudas recibidas desde la Junta de Andalucía, tras lo que ha anunciado que a finales de esta semana, esto es, "no más allá a final de semana", el sindicato tendrá las conclusiones de la comisión de investigación interna sobre estas subvenciones y ayudas.

En declaraciones a la Cadena SER, Fernández Sevilla ha asegurado que "es totalmente incierto" que el sindicato "estafe" y se ha mostrado "abierto tanto a la Administración de la Junta como de la Justicia en su caso para clarificar cualquier cuestión".

Ha precisado que "son dos cosas diferentes, por un lado las relaciones entre el sindicato y una empresa proveedora asidua de nuestra organización y por otro lado está lo que la organización en este caso factura finalmente, que es la suma de los albaranes entre las empresas, por los distintos programas".

"Si se saca de ese contexto parece otra cosa, pero realmente una cosa son los albaranes o las facturas de servicios de distintas empresas que son las que corresponden en situación ordinaria de encargo de material y otra cosa es lo que está realmente justificado en dicho programa", ha aseverado el dirigente sindical, quien insiste en la existencia de una "campaña contra nuestra organización" y niega que exista ninguna "estafa".

Fernández Sevilla apunta que no ha visto "ninguna campaña que dure más de dos meses y medio sin tener actualmente ninguna comunicación del juzgado" y cree que "si hubiera una trama tendrían que ir al juzgado de instrucción y que se abriera una causa".

En ese sentido, deja claro que UGT-A no tiene ninguna comunicación del juzgado ni requerimiento de la Justicia, a pesar de lo cual insiste, ante toda la información aparecida, en que se pone "a disposición de la administración de Justicia para que se revise toda la documentación de los programas a los que hacemos referencia, como se suele hacer de forma ordinaria, lo hacen los sindicatos y empresarios".

Además, ha explicado que el sindicato "hemos llevado el disco duro de toda la contabilidad a una notaría y en paralelo hemos depositado en notarialmente 115.000 euros, que era el total de la publicidad que supuestamente habríamos facturado indebidamente para ponerlos como garantía si hubiera algún error". "Estamos abiertos ante la administración autonómica para clarificar como estamos abiertos ante la Justicia para cualquier clarificación", ha aseverado.

Fernández Sevilla ha recordado que el sindicato ha creado una comisión de investigación interna "ajena a la dirección del sindicato", formada por un administrativo, un abogado, y auditores externos, y espera que se emita el informe de la investigación para poder hacer público ante nuestros afiliados, trabajadores y la opinión pública cuál es el resultado de dicha comisión, "y lo diremos", de manera que, según ha indicado el líder sindical "esperamos no mas allá de final de esta semana, en esta semana, tener las conclusiones de la comisión y poder hacerlas públicas".

Por otro lado, el exministro de Trabajo Valeriano Gómez ha afirmado este lunes que corresponde a los actuales responsables del Ministerio informar sobre si se abonaron al sindicato UGT facturas supuestamente infladas por el sindicato, ya que la factura a la que alude El Mundo la pagó y la analizó el "actual Ministerio de Trabajo".

En declaraciones a RNE, Gómez ha reconocido que si las informaciones se confirman es un "asunto desgraciado" y ha puntualizado que quien debe dar la información es el Gobierno del PP: "Fue presentada, analizada y pagada por los actuales responsables".

En todo caso, ha puntualizado que las supuestas facturas se pagaron con cargo a una línea de subvención que existe desde hace 17 años para sufragar actividades de prevención de riesgos laborales y de la que reciben dinero unas 170 entidades.