Los 15 diputados provinciales del PP se han quedado solos en la aprobación de una comisión "informativa especial" propuesta por el presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, para hacer una "investigación interna que permita el total esclarecimiento de los hechos relativos a la gestión de los proyectos Daredo y Deputrans", tras las conclusiones sacadas por los investigadores europeos, ya PSOE y BNG han votado en contra.

La propuesta de Baltar se planteó como moción de urgencia después de que el presidente diese a conocer públicamente hace dos días, la existencia de un informe de la Olaf recibido por el ministerio de Hacienda con la recomendación de abrir contra la Diputación de Ourense, un procedimiento para la devolución de 10,12 millones de euros. Un dinero procedente de fondos europeos, destinados a la contratación de 104 depuradoras compactas y de varias asistencias técnicas, todo ello realizado de forma irregular para la Olaf.

De este modo, el portavoz del PP, Plácido Álvarez, ha intervenido para explicar que la comisión de investigación pedida en marzo y abril de 2012 por los grupos de la oposición, no fue aceptada en su momento por el PP "porque estaba en marcha la investigación de la Olaf y no era pertinente hacerlo aquí".

Así, Álvarez ha defendido la propuesta de una comisión ahora con el argumento de que el informe europeo "no es vinculante" y que la Diputación no está de acuerdo con él. De este modo, sostiene que "no existen irregularidades por lo que ya es están elaborando las alegaciones que irán acompañadas de pruebas contundentes para hacer frente a unas acusaciones genéricas e irresponsables".

"De haber irregularidades, fueron sólo formales pero queremos que se aclare y por eso proponemos la comisión", ha el portavoz de los populares este viernes.

En la propuesta, que finalmente se aprobó con los 15 votos del PP, se incluye la fecha de la primera sesión de la comisión investigadora para el jueves día 3 de octubre y se prevé una duración máxima de un mes.

ALEGACIONES,

Juzgado y ceses

Por su parte, los portavoces de PSOE y BNG, además de explicar que acudirán al juzgado ya que el PP no lo hará, votaron en contra de la propuesta del PP pues consideran que, ya que el informe no es vinculante, "sea un juez quien decida lo que es punible o no", según el portavoz socialista, José Ignacio Gómez.

Gómez se ha dirigido a Baltar directamente para aludir a sus "numerosas y alucinantes contradicciones" como la afirmación del presidente de la Diputación de que "desmontará todas y cada una" de las acusaciones de la Olaf, cuando por otro lado dice que no hay nada que investigar. "A ver en qué quedamos", ha apostillado, para censurar que si lo delitos prescribieron "se crea que eso es lo mismo que decir que no pasó nada".

El portavoz socialista ha calificado a Baltar como "caradura" y "frívolo" por querer "ahora" una comisión de investigación "por la puerta de atrás, sin hablar siquiera con los portavoces y eso es intolerable porque como resultado de lo ya investigado por Europa, cada ourensano tendrá que poner de su bolsilo 25 euros para pagar sus desastres, señor Baltar".

Por su parte, el portavoz nacionalista Leopoldo Rodríguez Puga, leyó los extractos del informe de la Olaf más contundentes para instar a Baltar a ir al juzgado con toda la documentación "pues tiene un informe en el que la Olaf considera necesario remitir las conclusiones finales a las autoridades judiciales y ya no sé qué más quiere que le diga la Olaf", se preguntó.

Tras recordar al PP que el presidente de la Xunta Núñez Feijóo debería cesar al actual "superdelegado" en Ourense Rogelio Martínez, por su parentesco con socios de la empresa contratada para las depuradoras, Rodríguez Puga, aludió a los diputados provinciales que lo eran en 2003 y que siguen siéndolo para que "no sigan ni un minuto más sentados en esta institución provincial" .

También ha reclamado que se hagan públicas las declaraciones de patrimonio de aquel año de las personas que ocuparon cargos políticos en la Diputación.

"Alguien debería mover ficha tras este informe" añadió el nacionalista, y animó a Baltar para que la Diputación "se presente como acusación particular si se abre una investigación judicial".

En su intervención final, Baltar ha señalado que no puede entregar la documentación al juzgado porque no recibió el informe de la Olaf directamente sino a través del ministerio de Hacienda, junto con el anuncio de apertura del procedimiento para reintegrar los fondos europeos, pero mantuvo "todas y cada una de las cuestiones" afirmadas en abril de 2012, cuando tras bloquear las peticiones de comisión de investigación, dijo que buscaría las responsabilidades si las hubiese.

Más investigaciones en la olaf

Baltar también explicó que en 2012 no aceptó las investigaciones pedidas por la oposición porque su propuesta era conjunta para los proyectos europeos Daredo y Deputrans, pero también para Vía Nova, Estaciones y otros.

Por su parte, en el tiempo de ruegos y preguntas, el portavoz socialista planteó como ruego que se creen comisiones de investigación sobre esos proyectos "que también están pendientes de informes de la Olaf" y en el de preguntas, inquirió a Baltar sobre su actuación en el caso de que finalmente deba devolver los 10,12 millones y en el de que un juzgado determine que hay delitos.

En respuesta, Baltar le ha instado a seguir el procedimiento regulado para pedir las comisiones de investigación y sobre lo demás que "habrá que esperar al final y se pedirán responsabilidades cuando haya algo firme".

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