Este reglamento, que además regula el funcionamiento del servicio de la ORA, establece, entre otros aspectos, el proceso que deben seguir los controladores de la ORA para cumplimentar las denuncias, anularlas, recogerlas, clasificarlas o certificarlas con fotografías del vehículo multado.

No sólo la oposición pone en duda el cobro de las multas de la ORA. El Síndic de Greuges, por su parte, en un informe, también considera que la utilización de las cámaras fotográficas para acompañar una denuncia «vulnera la Ley de Protección de Datos porque, aparte de captar imágenes fotográficas, capta también datos como la matrícula, marca, modelo y color del coche».

Por su parte, en el Sindicato de Policías Locales de la Comunitat también tienen dudas de que el sistema de hacer fotos sea legal, por lo que no descartan ir a los juzgados para denunciarlo. «Por el momento no nos pronunciamos hasta que el Ayuntamiento de Alicante no conteste al Síndic», dicen.

Moción en el pleno

El PSOE tampoco descarta pasar por los juzgados, pero primero presentará en el pleno del martes una moción para que el Consistorio retire «este reglamento interno irregular.

Estamos convencidos de que el equipo de gobierno municipal rectificará y cambiará el reglamento», indicó Martín.

Desde su punto de vista, el reglamento, desde el principio, «afecta a los derechos de los ciudadanos y no debería haberlo redactado la propia empresa de la contrata del servicio, sino la Administración.

No hay fichero de las denuncias

El Síndic de Greuges, en su informe, relata que no le consta que el Ayuntamiento de Alicante «haya creado el fichero de datos por denuncias debidas a infracciones de la ORA (algo a lo que está obligado), a diferencia de, por ejemplo, la Jefatura Superior de Tráfico, que tiene creado un fichero de expedientes de sanción». Es una exigencia de la Agencia de Protección de Datos. Domingo Martín concejal del PSOE, insistió de nuevo en que «no existe ningún reglamento legal en funcionamiento por lo que nunca ha llegado a pleno. Es evidente que se han vulnerado los requisitos legales necesarios».