Los fiscales militares podrán presentar confesiones obtenidas "bajo coacción" en los juicios a los detenidos en Guantánamo, así como testimonios "de oídas", según las nuevas normas reveladas hoy por el Pentágono.

Estas medidas difieren de los reglamentos que regulan los juicios civiles y militares en Estados Unidos, al dar más poder a los fiscales para presentar pruebas, pero el Departamento de Defensa afirmó que los cambios son necesarios debido a que los acusados fueron capturados en un campo de batalla.

Las normas están detalladas en el nuevo 'Manual para los Tribunales Militares', de 238 páginas, divulgado hoy por el Pentágono.

El manual establece que en los juicios antiterroristas se permitirá que un testigo hable de lo que oyó decir a otra persona respecto al acusado, lo que no es admisible en un tribunal civil.

La fiabilidad, en manos del juez

La fiscalía no podrá presentar confesiones obtenidas tras tortura, pero sí declaraciones de acusados sometidos a tratamiento "cruel, inhumano o degradante" realizadas antes de diciembre de 2005, cuando el Congreso aprobó una ley que lo prohibió.

El juez militar que presida el proceso deberá decidir si las declaraciones son lo suficientemente fiables como para admitir su introducción en el caso.

Al contrario que en las anteriores normas que regulaban las cortes especiales antiterroristas, los acusados podrán tener conocimiento de todas las pruebas presentadas contra ellos.

No obstante, sólo tendrán acceso a resúmenes de información secreta, no a los documentos en sí.

El manual contempla la pena de muerte para los condenados por espionaje o por participar en una conspiración para cometer un asesinato. El castigo máximo para quienes proporcionen armas o fondos a los terroristas será de cadena perpetua.

Interrogatorios aprobados en septiembre

Con la publicación de las normas el Departamento de Defensa, el general de aviación Thomas Hemingway, asesor legal del Pentágono, dijo que se reanudarán los procesos a diez detenidos, que habían sido suspendidos mientras el Tribunal Supremo analizaba la legalidad de las cortes.

El Supremo determinó en junio que tal como estaban constituidos esos tribunales especiales violaban la Convención de Ginebra, que regula el trato a los enemigos capturados durante una guerra, así como la normativa militar de EEUU.

Pero el Tribunal dejó abierta la posibilidad de que se establecieran de nuevo cortes antiterroristas con normas particulares, al indicar en su decisión que el presidente podría solicitar al legislativo la potestad para crearlas.

Eso es precisamente lo que hizo George W. Bush, quien logró que el Congreso, dominado por los republicanos, aprobara en septiembre una ley que autoriza su existencia, cosa que el Pentágono ha hecho ahora con su manual.

Entre los detenidos que serán juzgados están Khalid Sheikh Mohammed y Ramzi Binalshibh, acusados de organizar los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El Gobierno cuenta con pruebas suficientes para encausar a entre 60 y 80 prisioneros, de los aproximadamente 400 que se encuentran en Guantánamo, señaló Hemingway.