Exedil de Fuengirola niega las acusaciones de malversación y se acoge a su derecho a no declarar

El exedil de Turismo de Fuengirola (Málaga) Cristóbal C. se ha acogido este martes a su derecho a no declarar en el juicio con jurado en el que está acusado por un delito de malversación por supuestamente permitir que un entonces empleado de dicha área se quedara con dinero de unos viajes a Melilla. No obstante, ha apuntado que niega "todos y cada uno de los hechos" por los que se le acusa.

El exedil de Turismo de Fuengirola (Málaga) Cristóbal C. se ha acogido este martes a su derecho a no declarar en el juicio con jurado en el que está acusado por un delito de malversación por supuestamente permitir que un entonces empleado de dicha área se quedara con dinero de unos viajes a Melilla. No obstante, ha apuntado que niega "todos y cada uno de los hechos" por los que se le acusa.

La Fiscalía de Málaga pide ahora tres años de prisión y seis de inhabilitación absoluta para el exconcejal y para el exempleado, coincidiendo así con la acusación que ejerce el grupo municipal del PSOE. Además de negar todos los hechos, el exedil ha dicho no ratificar ninguna de las declaraciones prestadas en la instrucción y ha instado a la nulidad de todo lo actuado, como ya hizo su abogado.

El ministerio público sostiene que el entonces empleado trabajaba como técnico del Área de Turismo entre 2002 y 2003, mientras que Cristóbal C. era concejal de dicho departamento. En esa época, relata en su escrito inicial el fiscal, se organizaron tres viajes a la Ciudad Autónoma de Melilla, que en parte eran subvencionados por el Ayuntamiento.

El trabajador "aprovechó la circunstancia de ser el encargado de cobrar las cantidades satisfechas por los usuarios" y, con "clara intención de enriquecerse patrimonialmente a costa de las arcas municipales, se apropió de dichas cantidades", en concreto, según la acusación pública, un total de 5.544 euros. Posteriormente, la agencia que organizó los viajes, pasó facturas por el precio total.

Según el ministerio fiscal, el entonces edil, que era superior inmediato del otro acusado, "tuvo conocimiento del ilícito proceder del mismo y, aunque no quede acreditado que participara directamente en la sustracción de las cantidades, sí consintió que se llevara a cabo". Así, se acusa a ambos de un delito continuado de malversación de caudales públicos.

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