El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, se ha comprometido este miércoles a "promover un gran acuerdo que cuente con el consenso de toda la sociedad andaluza y a través del que se sienten las bases de una renovada estrategia de crecimiento económico y social" para la región.

Así lo ha dicho en la que ha sido su primera comparecencia parlamentaria en la Comisión de Presidencia como consejero y en la que ha expuesto las líneas de actuación de su departamento hasta el final de la legislatura.

Junto a este "gran acuerdo", al que no ha puesto nombre pero para el que ha pedido "diálogo", "esfuerzo" y "consenso" a todos los grupos parlamentarios, el consejero ha dicho que trabajará por acercase a la calle para "bajar los niveles de crispación" y por "buscar puntos de encuentro" para dar respuesta a los problemas de los andaluces.

Para ello, el Gobierno andaluz, según ha explicado, se ha fijado como "eje principal" de sus políticas la recuperación económica, la creación de empleo y "la redefinición de un nuevo modelo productivo" que, entre otras cosas, ponga en valor "la ética social frente a la ausencia de valores de las políticas basadas en la austeridad".

Así pues, Jiménez Barrios ha señalado que se fomentará la economía social, el trabajo cooperativo, una política fiscal "justa y progresiva" y todos aquellos elementos que "faciliten la financiación de proyectos empresariales y el crecimiento del tejido empresarial andaluz". Al mismo tiempo, según ha enfatizado, la Junta seguirá defendiendo un "modelo de cohesión social, de inclusión, de solidaridad y de igualdad efectiva de derechos" que mantenga un Estado de Bienestar Social.

Y todo ello, ha dicho, teniendo siempre presente otra de las "prioridades" del Gobierno que lidera la presidenta Susana Díaz: la de prestigiar la política y devolver la confianza en ella a los ciudadanos. Es ahí donde jugará un papel "importante" la futura Ley de Transparencia de la Junta de Andalucía y que, según ha detallado Jiménez Barrios, se "va a intentar" que sea llevada a la Cámara autonómica antes de final del presente periodo de sesiones, es decir, del próximo mes de diciembre, para cuando espera contar con el apoyo "de todas las fuerzas políticas".

Jiménez Barrios, que ha recordado que esta ley incluirá, entre otras medidas, la mejora de la capacidad de control de la Cámara de Cuentas, la prohibición de las donaciones privadas a los partidos políticos o la presentación de las rentas de las parejas de los diputados, ha insistido que ha sido la propia presidenta la que, en el primer Consejo de Gobierno de la Junta, pidió a los consejeros "celeridad para implantar estas medidas de transparencia".

Precisamente sobre la "celeridad" de las cosas que quedan por hacer ha centrado su intervención en esta Comisión el portavoz del Grupo Parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, quien, además de la futura Ley de transparencia, también ha pedido que lleguen al Parlamento andaluz antes de diciembre los proyectos de la Ley de Participación Ciudadana, la Ley Hipotecaria, de Memoria Democrática, de Función Social de la Vivienda, de Lucha Contra el Fraude y de Concertación Local.

"Sabemos que es un número importante (de leyes), pero no nos podemos permitir ni un solo respiro a partir de ahora. Hay que pisar el acelerador porque tenemos 278 compromisos adquiridos ante el pueblo andaluz", ha apostillado Castro para recordarle a Jiménez Barrios la vigencia del acuerdo programático de Gobierno entre PSOE-A e IULV-CA y que, en su opinión, es un elemento vivo" que debe ir evolucionando "según el sentir de la ciudadanía para darle respuesta a la multitud de problemas que van surgiendo".

En el terreno económico, Castro ha pedido al consejero que se cambien "los paradigmas económicos predominantes" y no se limite a "reproducir planes" que se han demostrado fallidos. "Hay que cambiar el chip", ha resumido.

El caso de los ere

También ha insistido en la necesidad de cambiar los planes de empleo actuales la portavoz del PP-A Eva Martín Pérez pero, además de por no "acabar con el desempleo" en la comunidad, porque, en su opinión, algunas de esas políticas han terminado en casos de corrupción como el de los expedientes de regulación de empleo (ERE).

La 'popular', que ha ofrecido su "apoyo y colaboración" al nuevo consejero para ayudar a sacar a Andalucía de la crisis, ha comenzado sin embargo su intervención recordándole a Jiménez Barrios que es consejero gracias a este caso y al "traspaso de poderes" que ha provocado en la Junta. Además, le ha advertido de que "ha empezado con mal pie" como consejero para referirse a las informaciones que han salido a la luz sobre una subvención con cargo a la partida 31L —más conocida como 'fondo de reptiles'— al Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) en 2003, año en el que él era alcalde de la localidad.

El consejero le ha contestado afeándole que "al segundo y medio" de darle la bienvenida le haya echado en cara esta información en la que, según ha apostillado, no va a perder "ni un minuto para explicarle algo que usted sabe que no es verdad".

Martín, no obstante, ha insistido en que "la Junta colabora con quien colabora" y en que (José Antonio) "Griñán a dejado a su discípula" al frente del Gobierno autonómico "para que no cambie nada en nuestra tierra y siga todo igual".

En esa línea, ha exigido a Jiménez Barrios que explique por qué si no la Junta "mantiene todas sus oficinas en el exterior" en un periodo de crisis económica y por qué "es necesario tener un piso para el embajador de Andalucía en la capital de España", ha señalado en relación a la Oficina de la Junta en Madrid.

Un nuevo gobierno de coste cero

Sobre ello, Jiménez Barrios ha defendido que los cambios en el Gobierno andaluz "no han supuesto coste adicional alguno" para los ciudadanos y que el Ejecutivo seguirá con una estructura "austera" de once consejerías y acorde con el actual "contexto de restricción presupuestaria".

La rtva,

Otro punto de conflicto

Durante la comisión, que se ha desarrollado en un tono general de cordialidad, ha habido otro punto de conflicto al hablar de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), para la que la Junta se compromete a realizar una "gestión eficaz y eficiente" basada en el contrato-programa firmado por la Consejería de Presidencia y el ente público el pasado mes de diciembre.

Jiménez Barrios, que cree que la RTVA es "un ejemplo a imitar en otras comunidades", ha explicado además que en las "próximas semanas" se constituirá una Comisión Mixta para analizar el desarrollo de dicho contrato-programa.

Sin embargo, esto no es suficiente ni para IULV-CA ni para el PP-A, que han coincidido en destacar la necesidad de que la RTVA aclare "ciertos nubarrones" que tiene por delante —como el convenio colectivo con sus trabajadores— y que profundice en su programación propia frente a la producción externa.

Con todo, IULV-CA ha defendido una posición muy distinta a la de los 'populares' respecto a la calidad de las informaciones del ente público y Castro ha reivindicado la "profesionalidad e independencia" de sus trabajadores. Así, ha criticado el "acoso a la que se ve sometida por el PP-A" —que es "uno de los más beneficiados en sus informativos según los informes del Consejo Audiovisual", ha advertido— y ha exigido que, en caso de tener que reducir plantilla, nunca se aplique "la reforma laboral de Rajoy y Báñez".

La portavoz del PP-A, por su parte, ha insistido en que "en la RTVA no hay criterios de objetividad" y que "sigue habiendo manipulaciones intencionadas en los informativos por parte de PSOE-A e IULV-CA" pese a la "profesionalidad" de sus trabajadores. También ha criticado las "pérdidas millonarias que tiene a diario" el ente audiovisual.