La crisis económica y el aumento del número de sentencias condenatorias dictadas en los últimos años ha estabilizado o reducido los delitos en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio, dato con incidencia en regiones como Andalucía, según la Memoria Anual de la Fiscalía 2012, que se ha presentado este lunes con motivo del inicio del nuevo año judicial.

En la presentación de la memoria, el Ministerio Público, por otro lado, ha destacado casos como el relatado por la Fiscalía de Huelva respecto al desmantelamiento de una red de agentes de medio ambiente corruptos que venían recibiendo sobornos de los propietarios de varias fincas en el área de Doñana, para no denunciar los cambios de uso y delitos en materia de ordenación del territorio cometidos en las mismas.

La Fiscalía especial de Medio Ambiente refleja que la ausencia de peticiones de demolición, así como el "improcedente" uso del comiso como posibilidad alternativa ante la ausencia de demolición, son las principales anomalías o ausencias en los escritos de acusación del Ministerio Fiscal.

Según el informe, otras anomalías que se han podido corregir son la celebración de conformidades en la materia, que en la práctica supone que no se pueda llevar a cabo la demolición, o la falta de petición de la inhabilitación especial cuando la misma está prevista en la normativa penal ambiental.

La memoria apunta, "salvo algunas excepciones", una tendencia a cierta estabilidad en el número de procedimientos por infracciones urbanísticas, como por ejemplo en Tenerife, pero, sobre todo una disminución de éstos, como en Granada, Jaén, Almería, Pontevedra, Cádiz, Cantabria o Navarra.

Esta disminución se debe, en parte, según las fiscalías, a la crisis económica y al número de sentencias condenatorias dictadas en los últimos años. Otras causas adicionales de este "declive", según la memoria de Cádiz, es el mejor cumplimiento por parte de las administraciones locales de la normativa urbanística y el menor número de investigaciones abiertas por falsedad documental en el otorgamiento de hipotecas.

Por ejemplo, en Sevilla ha disminuido la preponderancia de delitos urbanísticos frente a otras modalidades delictivas, aunque la complejidad de los asuntos urbanísticos en el presente es infinitamente superior.

Más de 100

Demoliciones en sevilla

Respecto a las demoliciones, el informe considera que se trata de una medida legal inmersa en una situación "un tanto paradójica", ya que siguen planteando "serios problemas". Por ejemplo, en Cáceres las razones expresadas en las sentencias condenatorias para evitar la demolición, según la Fiscalía de Medio Ambiente, "hacen dudar de la existencia del conocimiento más elemental por parte de determinados juzgadores sobre las características y naturaleza de la citada medida".

Igualmente, denuncia que la Fiscalía de Jaén alude a la "extraordinaria reticencia" de los jueces a la hora de dictar demoliciones y que en Valencia la actitud de la Audiencia deja de aplicar o anula sistemáticamente las demoliciones, sin respetar, con ello, la jurisprudencia de la Sala II del Tribunal Supremo en la materia.

Asimismo, se subraya la aceptación social de la demolición como parte del elenco de instrumentos a disposición de los organismos judiciales para afrontar la "lacerante problemática del urbanismo ilegal".

En el caso de Sevilla, se subraya que en zonas de singular proliferación de construcciones ilegales se han acordado más de 100 demoliciones y, en algunos casos, con ingresos en prisión por no haber afrontado el propietario de la vivienda ilegal la demolición como forma de responsabilidad civil.

Además, se refiere a la memoria de Sevilla, que refleja unos Informes de Incidencia Territorial que permiten saber si las alegaciones de las defensas sobre las supuestas inminentes legalizaciones sobrevenidas de asentamientos ilegales "tienen visos de realidad o incluso de ser ciertas". También se alude a una "irreconciliable disparidad" de las resoluciones judiciales en materia de demoliciones, ya que tres secciones de la Audiencia la acuerdan con bastante regularidad, mientras que en una cuarta sección no se aplica como regla general.

Prevaricación urbanística

En el ámbito de prevaricación en ordenación del territorio, la memoria de Cáceres subraya el "elevado número de casos" de prevaricación urbanística que se están dando en la provincia, de los que "no se salvan ni los pequeños ni los grandes municipios" y que ofrecen "variedades surtidas de prevaricación".

En esta línea se pronuncian también las memorias de Córdoba, Murcia y Cádiz, mientras que la de Almería destaca el "elevado" número de procedimientos penales tramitados contra autoridades municipales por delitos relacionados con la ordenación del territorio.

Por su parte, la memoria de la Fiscalía de Sevilla ofrece una lista de asuntos de prevaricación que son de naturaleza "mayoritariamente urbanística" y que ponen de manifiesto el "elevado número de anormalidades administrativas que siguen produciéndose en esta materia".

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