Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT han alertado este jueves de la degradación a la que el Gobierno está sometiendo a las instituciones penitenciarias y las posibles consecuencias que puede acarrear la situación en materia de seguridad. Así, han indicado que la prisión de Villabona tiene una de las peores ratios, con una de las tasas más altas de reclusos por funcionario, con un trabajador por cada 3,188 internos, el tripe que comunidades como Navarra.

Y la situación del penal asturiano no es aislada, sino que es similar a la que atraviesan otras cárceles españolas. En este sentido los sindicatos destacan que las agresiones a funcionarios han aumentado un 30% en 2012, por lo que es posible que "a medio plazo Villabona también acabe teniendo problemas de seguridad".

Los sindicatos han denunciado la situación que atraviesan en rueda de prensa, unas horas antes de la primera concentración convocada para las 12.00 en el penal de Villabona. Será una más de las acciones de movilización previstas en las prisiones del estado para denunciar la intención del Gobierno de privatizar los servicios.

Y es que según los sindicados la seguridad en exterior, que ya se lleva a cabo por empresas privadas en 21 prisiones, será el primer paso para llevar a cabo la privatización de más servicios. "Es la puerta a la privatización y estamos seguros de que en 2014 la seguridad privada llegará a todas las cárceles", ha indicado Chema López, de CCOO.

En Villabona trabajan a día de hoy 440 funcionarios, la mitad de ellos más o menos se encargan de la seguridad interna, para atender a 1.419 reclusos —cifra muy por encima de las 980 plazas que es la capacidad oficial de la prisión—. Los sindicatos alertan del envejecimiento de una plantilla que ve cada vez más mermados sus efectivos ya que la oferta pública de empleo lleva ya dos años congelada y no tiene visos de convocarse.

"A pesar de la merma de plantilla, de que se nos empeoran las condiciones laborales y de todo Villabona sigue funcionando bien gracias al trabajo de los profesionales que queremos que se reconozca", ha destacado el miembro de UGT, Pompeyo Alegre.

Así, el representante de CSIF, Luis Miguel López, ha indicado que la privatización de las cárceles "no responde a criterios de carácter económico ni de mal funcionamiento, sino que responde a unos intereses concretos, como convertir las prisiones en negocios para algunas empresas". En este sentido ha manifestado que la privatización conllevará problemas de seguridad.