PSE reclama que se refuerce la protección de los ciudadanos frente a las hipotecas

El PSE-EE ha registrado una propuesta en el Parlamento vasco con el fin de instar al Gobierno central a que adopte las medidas necesarias para adaptar la normativa española a la nueva directiva europea sobre préstamos hipotecarios, que incrementa la protección de los ciudadanos que contratan este tipo de préstamos.
La PAH ocupa una oficina del Banco Popular en la Rambla de Barcelona
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EUROPA PRESS
La PAH ocupa una oficina del Banco Popular en la Rambla de Barcelona

El PSE-EE ha registrado una propuesta en el Parlamento vasco con el fin de instar al Gobierno central a que adopte las medidas necesarias para adaptar la normativa española a la nueva directiva europea sobre préstamos hipotecarios, que incrementa la protección de los ciudadanos que contratan este tipo de préstamos.

La directiva europea de créditos hipotecarios, pendiente aún de algunos trámites para su aprobación definitiva, refuerza la protección de los consumidores y abre la vía a la dación en pago de la vivienda como fórmula para saldar la deuda por la hipoteca.

El parlamentario socialista Bixen Itxaso ha registrado una proposición no de ley en la Cámara vasca en la que pide que, una vez que se apruebe definitivamente esta directiva, el Ejecutivo central adapte la normativa española a los contenidos de la misma.

Todo ello, según apunta el representante socialista, con el fin de "acabar con los altos niveles de desprotección generados a los consumidores".

Cambios legales

La iniciativa del PSE plantea que se modifiquen las leyes Hipotecaria, de Enjuiciamiento Civil, de Regulación del Mercado Hipotecario, Disciplina e intervención de las entidades de crédito y de Subrogación y Modificación de Prestamos Hipotecarios.

Dichas normas, según se indica, deberían "homologarse" a la normativa europea, de forma que "se amplíen las posibilidades de dación en pago, se restrinjan los intereses de demora, se eviten situaciones abusivas de malbaratamiento de los bienes afectados y se prevenga el sobreendeudamiento".

La iniciativa, en caso de ser aprobada por el Legislativo autonómico, se remitiría a los gobiernos central y vasco, a las Cortes Generales, las Diputaciones Forales, los ayuntamientos vascos, las entidades financieras que operen en Euskadi y los grupos que trabajan contra los desahucios.

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