La Comisión Ejecutiva de la Federación de Enseñanza de CCOO-A tiene previsto reunirse el próximo lunes para definir acciones de protesta tras el recorte salarial derivado de la aplicación de una sentencia promovida por el sindicato CGT —que se recurrirá— y que ha hecho que desde este pasado mes de agosto en torno al 60 por ciento del profesorado que depende de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, adscrito al Plan de Calidad, deje de percibir una parte de su salario, que en algunos casos puede llegar a los 2.000 euros anuales.

Así lo ha indicado a Europa Press el secretario general de la Federación, José Blanco, que por otro lado ha incidido en que esta situación se empeora por los "constantes" recortes que está sufriendo la educación en España en los últimos dos cursos, pues en el periodo comprendido entre enero de 2012 y enero de 2013 se han producido la disminución de 24.957 profesores, entre funcionarios que han visto su plaza amortizada e interinos que han perdido su empleo, con la pérdida de más de 3.500 docentes en Andalucía.

Estas acciones se enmarcan en una política educativa cuyo máximo exponente lo constituye la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). A este respecto, Blanco ha incidido en que CCOO ha presentado en los últimos días un escrito a la Comisión Europea por la posible "inconstitucionalidad" de hasta tres artículos de la reforma, lo que podría suponer una "vulneración" de la normativa europea y una "indefensión" ante las pocas posibilidades de la ciudadanía de recurrir una ley orgánica.

Según el sindicato, si la Comisión Europea admite su petición se paralizarían los tres puntos que el sindicato considera contrarios a las leyes europeas, entre ellos el mantenimiento de los conciertos a los colegios con educación diferenciada por sexo, la tesitura tocante a la enseñanza de las asignaturas de religión y valores sociales y cívico y la contratación de expertos con dominio de lenguas extranjeras.

Tras su presentación, la Comisión Europea tiene quince días para admitirla o desestimarla, con una posible suspensión de la normativa, ha añadido el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A.