El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vuelto a suspender cautelarmente el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales públicos de Madrid (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sudeste y del Tajo) a raíz de un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem).

El TSJM ha acordado la suspensión del proceso después de que el sindicato médico justificara que es una parte legitimada para recurrir este concurso, que adjudicó en agosto a tres empresas la gestión de estos seis hospitales. Según el auto, la modificación del sistema de gestión "es de unas dimensiones tan extraordinarias (...) que harían muy difícil, sino imposible, en caso de que no se accediera a la medida cautelar de suspensión y se estimara el recurso, volver a la situación anterior". Es decir, el juez ha considerado que si la justicia finalmente comprobara que ha habido irregularidades, cuando se dictara la sentencia el proceso privatizador estaría tan avanzado que sería imposible dar marcha atrás.

El TSJM deja con muy poco margen de maniobra a la Comunidad de Madrid para alegar (ahora debe interponer un recurso de reposición en cinco días, aunque la Consejería de Sanidad aún no ha confirmado si lo hará). En julio el mismo tribunal suspendió por vez primera el proceso, pero a las dos semanas tuvo que levantar la paralización debido a que el demandante, el Partido Socialista de Madrid (PSM), no era parte "legitimada" en el concurso. Sin embargo, en este auto los jueces sí consideran parte "con interés legítimo" a Afem.

Por ello acuerda suspender todo el proceso debido a las presuntas irregularidades que pudieron cometerse en la redacción de las condiciones de licitación, y que fueron modificadas a última hora (cuatro días antes de que finalizara el periodo de presentación de ofertas) disminuyendo en un 90 % los avales económicos que debían presentar las empresas.

La Sala considera, como se puede leer en el auto, que esta corrección podría haber limitado el principio de "libre concurrencia competitiva", ya que seguramente el número de aspirantes hubiera sido mucho mayor de haberse conocido antes la cuantiosa reducción de la cuantía de los avales. Según el TSJM, esta rebaja es "ilegal y fraudulenta, en beneficio de las empresas adjudicatarias", asegurando, incluso, que puede ser "constitutiva de conductas punibles".

Además, en el auto también se critica que al personal interino no se le garanticen "los mismos derechos" que al personal fijo. Y es que las contratas tenían la posibilidad de reducir el salario de los interinos y aumentar sus horas laborales.

El TSJM no es el único órgano judicial que se ha pronunciado sobre este proceso privatizador. La semana pasada, el Juzgado de los Contencioso-Administrativo también suspendió forma cautelar el proceso (en esta ocasión, por ir en contra "de los derechos fundamentales", ya que según Afem la privatización sanitaria iba en contra del principio de igualdad que dicta la Constitución). Sin embargo, la Comunidad de Madrid continúo adelante con el proceso al interpretar que la decisión de este juzgado no afectaba al concurso, pues los hospitales acababan de ser adjudicados. Pero en este auto se dice expresamente que la Comunidad estará obligada a mantener el servicio sanitario igual que hasta ahora (público), al menos hasta que la cuestión se resuelva.

Además, tras la suspensión del juzgado de lo Contencioso-Admistrativo, Afem denunció que las empresas adjudicatarias seguían acudiendo a los hospitales a pesar de la decisión judicial. Ribera Salud (una de estas empresas) mantenía incluso reuniones con directivos, aunque estas eran puramente informativas y, según las contratas, "no se firmó nada", por lo que estas reuniones eran perfectamente legales.

Si Sanidad no presenta alegaciones, se iniciaría un proceso judicial que podría durar, al menos, dos años, según fuentes del TSJM. Tras finalizar el juicio, si la justicia da la razón a Afem, la Comunidad tendría que convocar un nuevo concurso, y si da la razón al Gobierno regional, este podría continuar con la privatización tal como hasta ahora, solo que para entonces probablemente las contratas ya habrán perdido interés en gestionar los hospitales.

El proceso de externalización en la gestión de estos seis hospitales públicos ha provocado la apertura de 14 procesos en los tribunales de justicia. Los más importantes tienen al PSM y a Afem como denunciantes. Los socialistas fueron los responsables de la primera suspensión temporal de julio, y además tienen abierta otra causa que un juzgado de lo Contencioso elevó esta semana al TSJM.

Afem, por su parte, abrió cinco procedimientos: uno en Competencia, al entender que los pliegos vulneraron los principios de competencia al haberse presentado solo tres empresas al concurso (cada una consiguió el paquete al que optaba y no tuvieron competidores); la segunda, la que acaba de dictaminar el TSJM, y la tercera, la que dictaminó el juzgado de lo Contencioso-Administrativo la semana pasada. La cuarta es la querella que el sindicato médico presentó en el juzgado de instrucción número cuatro de Madrid por prevaricación y malversación de caudales públicos.

Esta última denuncia versaba sobre la primera fase de esta privatización, comenzada en 2003 con la externalización de la gestión de los hospitales de Valdemoro, Torrejón y Móstoles. Para esta causa está prevista la declaración como imputados de los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes (ambos del PP) que, sospechosamente, y tras haber liderado ellos mismos la venta de estos hospitales, trabajan ahora en empresas vinculadas con este proceso privatizador.

La quinta causa de Afem se presentó también ante el juzgado de los Contencioso Administrativo número 16, pero la suspensión fue denegada por el juez. Esta causa denunciaba exclusivamente la modificación a última hora de los pliegos de las condiciones.

La Comunidad de Madrid, por su parte, ha criticado "este carrusel de medidas contradictorias que genera confusión". La Consejería de Sanidad entiende que el TSJM no entra en el fondo del asunto y que la medida sigue "pendiente" de resolución en los tribunales.