"No hay nada que se le pueda imputar a Griñán". De esta forma, hablando de sí mismo en tercera persona, el hoy expresidente andaluz José Antonio Griñán se refería el día de su renuncia al cargo —el 28 de agosto pasado— a las dudas que planeaban sobre su posible implicación en el caso de los ERE fraudelentos.

Este martes, apenas 15 días después de aquella cita solemne que oficializaba el reemplazo al frente del Gobierno de Andalucía, la jueza Mercedes Alaya ha pedido su imputación en dicha trama por su presunta colaboración en el "uso ilegal y continuado de fondos públicos".

No era la primera vez que Griñán negaba la mayor, asegurando no tener nada que ver con el fraude relacionado con las subvenciones que la Junta otorgaba para costear parte de los expedientes de regulación de empleo, un caso que se destapó en 2009 y que poco a poco se ha extendido como una gangrena entre el PSOE andaluz y miembros de algunos sindicatos.

En julio, todavía como presidente, Griñán volvió a incidir en la ausencia de "motivos políticos" para la imputación, al tiempo que resumía sus razones para abandonar la Junta: motivos "familiares y personales". Esos eran, a su paracer, las causas "determinantes" de su salida del poder, que no de la política, pues Griñán sigue siendo a día de hoy presidente del PSOE y secretario general del PSOE-A.

El predecesor de Griñán en el cargo de presidente de la Junta andaluza, Manuel Chaves, se ha visto igualmente salpicado este martes por el auto de la jueza.

Chaves, que dejó la presidencia andaluza en 2009 para irse de vicepresidente con Zapatero, salió hace poco a defender a Magdalena Álvarez, exministra de Fomento socialista, cuando la justicia la imputó —este pasado julio— en el caso ERE por ser la encargada de dictar las normas "absolutamente inadecuadas" sobre transferencias de financiación para pagar ayudas.

Chaves, que también ha defendido la inocencia de Griñán repetidas veces, llegó a decir en su propia defensa que "si hubiera detectado irregularidades [en este caso] las hubiera parado y puesto en conocimiento de la justicia". Su discurso sobre las consecuencias de que alguien hubiera incurrido en ilegalidades ha resultado ser hasta ahora inclemente: "Si alguien ha abusado, que lo pague".