Los padres de la niña de 7 años que murió el 20 de agosto en un tiroteo en las Tres Mil Viviendas de Sevilla han declarado este martes como perjudicados ante la jueza que instruye el caso; y han asegurado que ellos no eran el objetivo de la agresión y se han personado como acusación particular. Jorge Silva y su esposa, ambos con el brazo en cabestrillo como consecuencia de los disparos que recibieron, han ratificado su declaración policial, manteniendo que el tiroteo fue un error pues ellos no eran el objetivo y nunca han sido detenidos ni han tenido problemas con la Justicia.

Fuentes del caso han informado de que la pareja se ha personado como acusación particular en unas diligencias que siguen bajo secreto sumarial y por las que hay nueve personas del clan de Los Perla encarceladas. Según la declaración de los padres, oyeron un tiroteo y apenas tuvieron tiempo de intentar proteger con su propio cuerpo a otros dos hijos menores de edad.

La jueza ha tomado declaración también a un testigo presencial del tiroteo y al ocupante de una vivienda de Hinojos (Huelva) donde fue detenido el guarda de la finca de los acusados. El guarda de dicha finca de Hinojos, donde se refugiaron los acusados del tiroteo nada más huir de Sevilla, fue detenido con dos armas y el testigo que ha comparecido hoy ha explicado que estaban envueltas en una toalla, tal como las encontró la Policía.

Las nueve personas acusadas del tiroteo fueron detenidas el 23 de agosto en Mijas (Málaga) e ingresaron en la prisión de Sevilla, si bien el pasado fin de semana los ocho hombres imputados fueron distribuidos entre las cárceles de Huelva y Cádiz para evitar incidentes con los miembros del clan de Los Mariano, al que pertenece la niña fallecida.

De ellos, solo Antonio G., alias el Coleta, y su hijo reconocieron haber disparado porque fueron "recibidos a tiros" cuando acudieron al domicilio de Los Mariano en la barriada de las Tres Mil Viviendas para pedir explicaciones por el secuestro de un joven en mayo pasado. Todos los detenidos están acusados de presuntos delitos de homicidio, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, encubrimiento y amenazas.

De los diez detenidos en Mijas, la única persona que quedó libre fue un hombre que se encontraba con los acusados pero no participó en la refriega y simplemente había huido de Sevilla por temor a represalias.