Un atestado de la Guardia Civil remitido a la jueza que investiga los ERE fraudulentos de la Junta, Mercedes Alaya, afirma que tres "intrusos" incluidos en el expediente de Intersur fueron favorecidos por su militancia en el PSOE y cobraron en total 399.802 euros.

En dicho atestado, la Guardia Civil dice que José Antonio García Prieto, José Acevedo López y Ricardo Medina Barrios nunca trabajaron en Intersur, pero fueron incluidos en el ERE de dicha empresa "de manera discrecional y manifiestamente injusta" por Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta ya imputado en la causa.

Los tres fueron incluidos en el ERE aprobado en 2003 para 63 de los 114 trabajadores de Intersur en su sede de Morón de la Frontera (Sevilla) y en la documentación para preparar las pólizas se dejó claro que se trataba de "casos especiales". Según la Guardia Civil, los tres beneficiarios fueron favorecidos "a causa de su pertenencia al PSOE y con la influencia del entonces delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas", también imputado.

Añade el atestado que, según un informe de la dirección general de Seguros, las comisiones pagadas en el caso de Intersur fueron superiores a la media del mercado en un 9,23% en las pólizas suscritas por Vitalicio y en un 18,9% las de Apra Leven, lo que supone un sobrecostede 301.618 euros. En el mismo atestado, la Guardia Civil concluye que no hubo "irregularidad alguna" en la donación del local donde se encuentra la sede del PSOE de Camas (Sevilla), donde residen los "intrusos" de Intersur.

Explica que el local estaba ocupado mediante alquiler con opción a compra y en el año 2003 se intentó ejercitar dicha opción, pero el titular ponía reparos a la adquisición por parte del PSOE, ya que el Grupo Municipal carecía de CIF, por lo que "se tomó la decisión de que sólo nominalmente" la compra se hiciese por parte de la entonces alcaldesa por el PSOE, Encarnación Díaz Cerezo, el concejal García Prieto y su esposa, quienes lo adquirieron por 57.000 euros.

El 10 de mayo de 2010 lo donaron al PSOE, quien se subrogó la deuda pendiente con La Caixa, en una operación que, según la Guardia Civil, no tuvo ninguna irregularidad de acuerdo con el Código Civil y la ley de financiación de partidos. Según el atestado, se cumplieron "los requisitos de formalización de escritura pública, aceptación, valor del inmueble y demás impuestos por la legislación".

La magistrada se ha reincorporado en la mañana de este lunes a su puesto de trabajo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla una vez finalizadas sus vacaciones de verano. Fuentes judiciales han informado de que la jueza Alaya ha llegado a primera hora de esta mañana al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que este mismo lunes se encuentra en funciones de guardia de incidencias.

Una vez reincorporada, la jueza Alaya retomará la próxima semana las declaraciones de imputados en la causa de los ERE fraudulentos, donde ya hay encausadas un total de 116 personas después del auto que dictó el pasado 31 de julio y en el que imputaba a 23 personas, entre ellas dos hijos del conocido empresario José María Ruiz-Mateos.

De este modo, la magistrada iniciará la nueva ronda de declaraciones el próximo día 10 con el que fuera jefe de Servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y director del departamento de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Antonio Diz-Lois Ruiz.

Los días 17 y 19 de septiembre están citados, respectivamente, el actual viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano Peña, y el ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera, mientras que el 30 de septiembre le tocará el turno al exviceconsejero de Empleo Justo Mañas y el día 9 de octubre al exparlamentario socialista Ramón Díaz.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha recalcado este lunes que no espera la imputación del presidente en funciones de la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán, en el caso de los ERE. "No espero esa imputación y no estoy en ese tema", ha manifestado Rubalcaba.

Además, Pérez Rubalcaba ha informado de que durante la Comisión Ejecutiva, los socialistas no han hablado de la situación del partido en Andalucía ni de si Griñán prevé continuar al frente de la Secretaría regional o si convocará un Congreso extraordinario para la elección de un nuevo secretario general del PSOE-A.

Mientras, el sindicato UGT ha dicho que Juan Lanzas, imputado en la trama como presunto conseguidor de los ERE, pagó sus cuotas de afiliado hasta el primer trimestre de 2011 y fue expulsado en noviembre de ese año, aunque hasta el primer trimestre de 2013 no fue borrado del fichero de militantes. UGT responde así a la información que publica El Mundo en el sentido de que el sindicato no dio de baja a Lanzas hasta el pasado 26 de marzo de 2013, cuando llevaba cuatro días encarcelado como mediador en los ERE.

El 24 de marzo pasado, el entonces secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, expresó en rueda de prensa su malestar por el hecho de que Lanzas siguiese siendo presentado como exsindicalista de UGT cuando dejó de pertenecer a este sindicato en 2002 y "todas las actividades por las que se le investiga las hizo con posterioridad a su salida de UGT".

"Juan Lanzas no está afiliado a este sindicato desde esa fecha, aunque es cierto que no se ha procedido al borrado de sus datos del fichero de afiliación hasta el primer trimestre del año 2013", reconoce la nota, que precisa que los hechos que se le imputan "nada tienen que ver con su etapa como sindicalista", donde fue secretario de su federación de alimentación. UGT asegura que "carece de todo rigor y perjudica gravemente la imagen de esta organización" vincularla con Lanzas, ya que el hecho de que "un trabajador decida, libre y unilateralmente, afiliarse a un sindicato no hace responsable a dicha organización de los actos que pudiera cometer".