Comisiones Obreras de Cantabria ha instado al Gobierno regional a liderar e impulsar el sello de Identificación Geográfica Protegida (IGP) para la anchoa del Cantábrico, pues esta comunidad autónoma es "la cuna" de la actividad, ya congrega en sus fábricas el 80% de la producción mundial.

El objetivo de esta iniciativa, que debería abarcar la extracción del bocarte y el posterior proceso de transformación y elaboración de la anchoa, es acabar con la "indefinición" y "ambigüedad" en torno a un producto y un sector "clave" para la economía regional. Además, al regular y mejorar la calidad de la anchoa, se contribuiría también a paliar la pérdida de empleo en este ámbito de la industria agroalimentaria.

El apoyo del sindicato a la implantación de la IGP para la anchoa ha sido expresada este jueves por el secretario general de CCOO en Cantabria, Carlos Sánchez, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al secretario general de la Federación Estatal de Agroalimentaria, Jesús Villar, y su homólogo en la región, Jesús Gallo.

El portavoz del sindicato ha explicado que apoyan la creación de un consejo regulador para lograr la IGP para la anchoa, "un diamante" que no se está "explotando", dentro de un sector "clave" para el desarrollo económico de la región, que además de generar empleo contribuye a fijar población en las regiones costeras.

Villar ha detallado que, hasta la fecha, no se ha iniciado "ningún" trámite para obtener esta declaración, y aunque la patronal no apoyaría en un principio la iniciativa, si hay alguna empresa interesada, además de las propias cofradías, que estarían dispuestas a sacar adelante la IGP para la extracción del bocarte.

Pero, a juicio del sindicalista, esta denominación, que aportaría "valor añadido" al producto, "no se puede quedar en la lonja", sino que se tiene que conseguir también para el proceso de transformación y elaboración de la anchoa.

Tras aludir a un estudio de hace "doce años" que justificaba la IGP para toda la anchoa del Cantábrico, Villar ha lamentado la falta de "impulso" a esta iniciativa por parte de los sucesivos gobiernos regionales, mientras que en otros países de Europa, como Italia y Francia, y para "vergüenza de España", ya tienen la IGP para su anchoa.

Por eso cree que el actual Ejecutivo y la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA) no pueden "esperar más tiempo" ni "dar una segunda categoría" a este producto "de calidad y referencia".

Las anchoas no pueden usarse solo con un fin "mediático" y su protección debe tratarse como un "asunto de Estado", ha sentenciado el portavoz de CCOO, para recalcar que es el Gobierno regional el que debe liderar esta iniciativa. "Lo que está fallando aquí estrepitosamente es el impulso político", ha apostillado.

En este punto, ha indicado que en otras comunidades, como Galicia, el sector ha contado con el apoyo de la Xunta para impulsar la protección de productos como el mejillón. En Andalucía, por su parte, la protección de la caballa se ha traducido en un aumento de la facturación.

No perjudica a nadie y es voluntario

Gallo ha manifestado por su parte que la Consejería de Pesca ha estado "titubeando" y "dando bandazos" en torno a una cuestión que "no perjudica" a nadie, ya que acogerse a la denominación de IGP es algo "voluntario". Sería, además, la "supervivencia" para muchas pequeñas empresas que lograrían con este sello "diferenciarse" en el mercado.

Asimismo, se paliaría una pérdida de empleo que "a veces no se ve", pues los trabajadores del sector de transformación de la anchoa (unas 1.400 personas) cuentan con contratos de fijo-discontinuo, esto es, que les llaman a las fábricas cuando hay trabajo.

Al hilo de lo anterior, se ha referido al "efecto pernicioso" de la veda del bocarte, que entre 2005 y 2009 provocó que las empresas cántabras compraran el bocarte en otros caladeros y puertos a precios más baratos y con la anchoa ya semielaborada.