Las decisiones del Juzgado de Fraga y del TSJA responsabilizan a las instituciones, particularmente a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), de ser quienes deben acometer la limpieza de la cuenca. Pero la CHE insiste en que la recogida de los vertidos contaminantes corresponde a la empresa, dedicada al tratamiento de cadáveres de animales. La DGA, por su parte, dice que la limpieza es cosa de la CHE y de Cazsa. Mientras tanto, el río Cinca sigue sufriendo la crisis ecológica, que pone en peligro la biodiversidad de sus aguas, con grave riesgo para su fauna piscícola, tal y como han denunciado organizaciones ecologistas.