El portavoz estatal de Contaminación y Residuos de Ecologistas en Acción, Daniel López, ha manifestado este lunes "la total oposición" de la organización a la reapertura de la mina de Aznalcóllar y ha acusado a la Junta de Andalucía de usar la "situación angustiosa de la falta de trabajo para dar todo tipo de libertades y bendiciones a cualquier tipo de empresa minera" que acceda a explotar de nuevo esta mina en la que abunda, sobre todo, cobre, plomo y cinc.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz ha subrayado que "aunque juren y perjuren que tomarán medidas con la última tecnología para que las condiciones de reapertura sean otras a las que provocó el derrumbe de la bolsa en 1998, la actividad minera, sobre todo al aire libre, genera gran cantidades de lodo", a lo que ha añadido que las balsas de esos lodos sigan teniendo fugas y "continúan siendo una amenaza para la salud de los ríos".

Asimismo, ha añadido que, aunque las medidas que piensa tomar la Junta "son desconocidas", investigadores consultados por Ecologistas en Acción han asegurado que aún con las últimas tecnologías disponibles, "el balance final de la actividad minera es una enorme acumulación de miles de aguas tóxicas y fango que necesitan un tratamiento muy costoso y delicado, cuyo resultado es el almacenamiento de grandes cantidades de desechos".

Finalmente, López ha asegurado que los nuevos informes como los referentes a la actividad hidrometalúrgica de la mina de Las Cruces o la sobreexplotación del acuífero "hacen temer lo peor" en cuanto a las medidas que tomará la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para proteger el medio natural de Aznalcóllar que, según los conservacionistas, "seguirían siendo insuficientes" en cualquier caso porque "la explotación es incompatible con la conservación del medio ambiente".

La mina de Aznalcóllar fue abandonada poco después de la catástrofe medioambiental de 1998, cuando la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero, asociada entonces a la empresa Boliden-Andaluza de Piritas S.A (Aspirsa), sufrió una fractura que provocó el vertido de lodos tóxicos a todo el área de influencia del río Guadiamar.

La Junta de Andalucía anunció el pasado mes de julio que sacaría a concurso la explotación del yacimiento. Concretamente se abriría la corta de Los Frailes y afectaría al Corredor Verde del Río Guadiamar, declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y objeto de las labores de regeneración medioambiental que se llevaron a cabo después de la catástrofe.