El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez sostiene que "un factor determinante" para aprobar la fusión de las dos cajas gallegas fue "el compromiso de desinversión" que asumían. Así, dado que la única propuesta formalmente presentada fue esta, el regulador "aprobó la integración en tanto que, con los estrictos condicionantes de desinversión incluidos, el plan propuesto alcanzaba los mínimos exigibles de razonabilidad".

Fernández Ordóñez responde de este modo al segundo cuestionario de preguntas remitido por la comisión de investigación de las cajas del Parlamento gallego, que replica a las contestaciones dadas por el exgobernador en el primer turno. En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que la Comisión Ejecutiva del Banco de España dio su visto bueno a la integración propuesta por Caixa Galicia y Caixanova el 29 de junio de 2010.

Esta aprobación, puntualiza, "es independiente de la necesaria autorización de la fusión que correspondía a la Xunta de Galicia". En esa misma fecha, agrega, comunicó el acuerdo a los presidentes de las dos entidades y a la Consellería de Facenda. "En el acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España constaba, y así se trasladó a las entidades, que un factor determinante para la aprobación del plan de integración era el compromiso de desinversión", destaca.

El exrresponsable del regulador explica que los servicios de inspección analizaron el proyecto y consideraron que con los mencionados compromisos y con "las medidas de racionalización" previstas "se podría lograr mayor eficiencia a través de las sinergias, así como incrementos de la rentabilidad, reforzamiento de la solvencia y mayor facilidad de acceso a los mercados", lo que, a su vez, favorecería la financiación a los clientes.

"Este diagnóstico no impide que, en la práctica, hubiera otras opciones estratégicas más fundadas o con una mayor probabilidad de éxito que la propuesta de integración elaborada por las cajas gallegas", añade, en respuesta a una pregunta en la que la comisión de cajas se interesa por si considera que había vías "más solventes", pese a que admite que el Banco de España no llegó a estudiar otras operaciones.

"En efecto, esas opciones alternativas existían y llegaron a conocimiento del Banco de España", replica y argumenta que no se evaluaron "formalmente" porque no llegaron "a presentarse oficialmente para su aprobación". "En cualquier caso, y por el conocimiento que el Banco de España tenía de esas entidades, podía anticiparse que esas alternativas presentaban a priori una mayor consistencia y fortaleza", alega.

Así, Fernández Ordóñez insiste en que el regulador aprobó la fusión "como mal menor", a la vista de que no se planteó otra opción y que el escenario alternativo era "una reestructuración ordenada con intervención del FROB" que hubiese sido "más traumática" y de mayor coste.

Las más débiles no superan la "dura prueba"

Sobre los efectos de la crisis sobre las entidades financieras, Fernández Ordóñez indica que el escenario económico "ha sido muy adverso para las entidades de crédito españolas", pero sostiene que "el grado de fortaleza inicial" para enfrentar la situación y las medidas de gestión para prevenirla "no han sido homogéneos". "Por ello, las entidades con mayor fortaleza y/o mejor gestionadas han sido capaces de pasar por esta dura prueba y las más débiles y/o peor gestionadas no la han superado", razona.

Los cambios normativos, admite, afectan a los agentes económicos, pero "la pregunta que inevitablemente surge es por qué unas entidades superan la situación y otras no". "La respuesta, aunque admita matices, es clara: aquellas entidades que han mostrado más fortaleza patrimonial, mejor estructura financiera y mejor desempeño, esto es, aquellas sólidamente gestionadas, han podido acudir a mercados en busca de capital, han merecido la confianza de depositantes y acreedores y han podido absorber los requerimientos derivados de dichos cambios normativos", concluye.

En cualquier caso, insiste en su respuesta en que las modificaciones sobre el sector financiero "se acordaron en sede parlamentaria" y contaron con "un consenso pleno entre los dos principales partidos". En concreto, en el decreto que, poco después de la fusión gallega, elevó las exigencias de capital, "el principal partido de la oposición —en ese momento el PP— se abstuvo, o sea, no votó en contra".

Preguntado por si el Banco de España tuvo en cuenta en sus análisis sobre las integraciones la incidencia que mantener una caja gallega tendría en la economía de la comunidad, Fernández Ordóñez replica que centró sus estudios en "las ratios fundamentales de la entidad integrada y en su posible evolución", prestando atención a aspectos como la liquidez, la rentabilidad, el saneamiento de balances o la eficiencia.

Información a la xunta

El exgobernador concreta en su respuesta que se le hicieron visitas de inspección referidas a estados financieros a Caixa Galicia en diciembre de 2003, en septiembre de 2006, en diciembre de 2007 y en marzo de 2009; de las que se dio traslado al "conselleiro de economía" en noviembre se 2004, en junio de 2007, en octubre de 2008 y en diciembre de 2010, respectivamente.

En cuanto a Caixanova, las inspecciones fueron en junio de 2003 (comunicada al "conselleiro de Economía y Hacienda" en marzo de 2004); en diciembre de 2004 (comunicada a la Xunta en septiembre de 2005); y en septiembre de 2008 (comunicada en julio de 2009).

En cuanto a la representación de la comunidad autónoma en el consejo de administración de las cajas, el exgobernador se remite a la ley de cajas actualizada en 2005, que dice que estarán representados todos los grupos de la asamblea general, entre los que está, sostiene, la Comunidad Autónoma de Galicia, con un 20%.

Control de los contratos de alta dirección

Preguntado al respecto, Fernández Ordóñez insiste en que "el conocimiento y actuación" del Banco de España respecto a los contratos de alta dirección "se desarrolló exclusivamente en el marco de las competencias que corresponde ejercer a esta institución" y que están "estrictamente relacionadas con la solvencia" y tienen por objeto "velar por la adecuación de la política retributiva de las entidades con una gestión sana y prudente de sus riesgos".

"En todo caso, procede hacer notar que, una vez se produjo la entrada en vigor en 2011 de la nueva normativa en esta materia, desde los servicios de inspección se solicitó, en distintas actuaciones, información sobre los contratos de los altos directivos de las entidades de crédito, así como dictámenes jurídicos sobre su compatibilidad con los nuevos requerimientos", agrega y afirma que se tomaron "las decisiones correspondientes" dentro de las competencias del Banco de España.

Asimismo, Fernández Ordóñez sostiene que durante los años de la burbuja inmobiliaria (que sitúa entre 1996 y 2008) la capacidad del Banco de España "era muy limitada" para obligar "a tomar determinadas medidas" a las entidades, "especialmente cuando los —indicadores— fundamentales de las entidades no hubieran permitido amparar medidas basadas en el juicio supervisor".