España pidió el indulto del preso no juzgado Mohamed Mounir porque estaba encarcelado

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha explicado que el preso Mohamed Mounir Molina, incluido por la Embajada de España en Marruecos en la lista de 18 reclusos indultables, se encontraba en una cárcel del país y que esa situación le hacía "asimilable" al resto de internos españoles.

Mounir Molina, un supuesto narcotraficante hispano-marroquí, fue indultado en el mismo grupo que el pederasta Daniel Galván antes incluso de haber sido juzgado por tres delitos relacionados con el tráfico de hachís. Hijo de padre marroquí y madre española, Mounir Molina —en prisión preventiva— fue incluido a propuesta del Consulado de Nador en la lista de 18 presos susceptibles de ser indultados que se facilitó al rey Mohamed VI.

Fuentes diplomáticas han explicado que las autoridades marroquíes en su petición del listado de posibles indultables no pusieron "ninguna condición previa". Esas fuentes han señalado además que los indultos en Marruecos son "muy amplios" y que el monarca tiene "muchas más prerrogativas" que en España, país en el que esta medida de gracia está "tasada, limitada y muy restringida".

El rey ejerce el derecho de gracia

El indulto es un derecho exclusivo del rey de Marruecos y por lo tanto no se rige por la legislación española, sino por la marroquí. El artículo 58 de la actual Constitución marroquí estipula que "El rey ejerce el derecho de gracia", sin otros detalles.Las fuentes han insistido en que Mounir Molina se encontraba en prisión, por lo que el hecho de que estuviera encarcelado le hacía "asimilable" al resto de presos españoles. Han añadido que debido a sus "circunstancias personales"  también se le incluyó en esa lista.

Según explicaron fuentes de la Asociación Rif de Derechos Humanos, Mounir Molina fue el único que salió de la cárcel de Alhucemas el día 30, cuando el rey Mohamed VI anunció el indulto colectivo de 48 presos españoles. El juicio a Mounir Molina debía celebrarse exactamente dos días después, el 1 de agosto, y de hecho se llevó a cabo contra dos de sus cómplices, que recibieron penas de 8 y 10 años de cárcel. Este caso se ha hecho público tras la polémica desatada por la concesión del indulto al pederasta Daniel Galván.

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