Los secretarios generales de CCOO y UGT en Asturias, Antonio Pino y Justo Rodríguez Braga, respectivamente, han arremetido este miércoles contra la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a la que han acusado de perseguir a los más débiles, los parados, en lugar de combatir otros fraudes como el fiscal y privilegios a determinados sectores en lo referente a impuestos.

Así lo han manifestado a preguntas de los periodistas durante la presentación del Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral del Principado de Asturias 2013-2015 en el marco de la 57 Feria Internacional de Muestras de Asturias en el recinto ferial 'Luis Adaro', en la que han intervenido el consejero de Economía y Empleo del Principado, Graciano Torre, el secretario general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Alberto González, y la directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (Iaprl), Miryam Hernández.

Rodríguez Braga, en este sentido, ha considerado "cuanto menos insultante" que se quiera poner el acento en los que peor lo están pasando, con alusión a los desempleados. Es más, ha recalcado que llama la atención sobre que se empiece a combatir el fraude de las prestaciones por desempleo y no se vaya contra el fraude fiscal, especialmente cuando, según él, hay noticias de que no se deja a los inspectores investigar casos importantes y tampoco se hace nada contra los paraísos fiscales. Para él, con esta forma de actuar se tolera, consiente y a veces se propicia estos fraudes mientras se persigue a los desempleados.

Pino, en su caso, ha visto importante combatir la economía sumergida. Dicho esto ha tildado de "impropio" de un país democrático los términos que se vaya contra el fraude de las prestaciones por desempleo cuando hay un 20 por ciento de economía sumergida y tampoco se combate el fraude fiscal. "No sé si esta señora alguna vez tuvo experiencia laboral", ha señalado.

A este asunto también se ha referido Torre, quien ha señalado que el convenio que se va a firmar con el Ministerio no es para espiar a los parados. Ha considerado que la economía sumergida supone una competencia desleal frente a quien paga, así como una retracción de impuestos "y lo otro será otra cuestión de la ministra", ha dicho sobre la investigación del fraude en las prestaciones

Ha explicado, sobre el convenio, que se suscribe para que pueda figurar y aprobarse en la Conferencia Sectorial como uno de los objetivos prioritarios de la Inspección de Trabajo en Asturias la lucha contra la economía sumergida, una cuestión que se contemplaba ya en el acuerdo de concertación regional.

Por su lado, González, ha indicado respecto al convenio que firmará el Principado que todo lo que sea luchar contra la economía sumergida "bienvenido sea", aunque ha incidido en que esta supone no solo un fraude fiscal sino también competencia desleal a otras empresas que sí pagan.

Reducir la siniestralidad

En cuanto al Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral del Principado de Asturias 2013-2015, Torre y los agentes sociales han destacado que es "ambicioso" y que el objetivo es reducir la siniestralidad laboral en la región y mejorar las condiciones de trabajo, además de fomentar la cultura preventiva en todos los niveles educativos y empresariales.

Este, dotado con un presupuesto de 4,5 millones de euros y fruto del acuerdo de concertación, recoge 41 acciones, entre otras, la elaboración de un mapa de riesgo químico, la creación de un protocolo de actuación contra el acoso laboral en la Administración y un estudio sobre la siniestralidad entre los trabajadores autónomos.

El documento, asimismo, prevé una evaluación periódica para conocer el grado de ejecución de las acciones y un análisis global en 2015, además de que establece tres objetivos transversales: la homogeneización de la gestión de los sistemas de información y registro, la transparencia y el principio de igualdad.

A este respecto, Administración y agentes sociales han destacado que el Plan es fruto del consenso, mientras que Torre y González han remarcado el hecho de que se vaya a incidir en los autónomos y micropymes.

También se ha resaltado el descenso en los últimos años de la siniestralidad, si bien Pino ha advertido de un "severo cambio de tendencia" por el aumento de accidentes y de víctimas mortales en lo que va de año y lo ha atribuido a un descenso de recursos dedicados a prevención en las empresas.

Además, ha recalcado que hay trabajadores que no cogen bajas laborales por accidente por temor a perder el trabajo o ver mermadas sus retribuciones, al tiempo que hay empresarios que ocultan datos sobre siniestralidad, con lo que los trabajadores accidentados son atendidos por la Seguridad Social en lugar de las mutuas. Para él, hay aún muchos retos que superar como la "escasa o nula" cultura preventiva y de coordinación entre administraciones, así como un débil control en la aplicación de la normativa.

Rodríguez Braga, por su lado, ha considerado la prevención de riesgos laborales un objetivo "irrenunciable" de su sindicato, que requiere también de una apuesta por la formación. Es más, ha indicado que debería formar parte del "ADN" de empresarios y trabajadores.

En el caso de la FADE, González ha contrarrestado los datos de siniestralidad dados por los sindicatos con los que figuran en el propio Plan. Según él, en 2005 eran 301.000 los trabajadores afiliados en Asturias mientras que en 2012 la cifra era similar, 298.600, y pese a ello el número de accidente en jornada de trabajo fue de 19.013 frente los 10.465 del pasado año. Esto pone de manifiesto un descenso de casi el 50 por ciento.