Izquierda Unida ha registrado una petición de comparecencia para que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, acuda al Congreso de los Diputados y explique su postura en relación con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). En este punto, ha instado al Gobierno a que se posicione "claramente": "o está con esta institución o está con la Constitución y con Andalucía".

Así lo ha informado este martes en rueda de prensa en Málaga el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, José Luis Centella, quien ha advertido de que "el FMI se empeña en acabar con la poca capacidad económica que le puede quedar a los españoles que están trabajando".

Además, ha alertado de que la propuesta de intervenir las comunidades autónomas que no sean escrupulosas en el cumplimiento del déficit supondría "acabar con el Título VIII de la Constitución". "Andalucía y las comunidades autónomas no pueden en estos momentos entrar en la dinámica que el FMI pretende", ha afirmado.

Izquierda Unida también ha solicitado un pleno extraordinario para que el curso político se inicie con un debate monográfico sobre la situación económica y del empleo, de manera que "no se mezclen otras cosas y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda explicar su programa de reforma y no lo haga por la puerta falsa".

Reforma laboral

En este punto, el portavoz de la Izquierda Plural se ha referido a los cambios aprobados en la reforma laboral y ha criticado el decreto ley "por la forma y por el fondo". "Estamos cansados de decretos que son contenedores, con los que intentan cargarse la capacidad del Parlamento de debatir; este Gobierno está más a gusto con los decretos que con las leyes", ha denunciado.

"Con este decreto se da una vuelta de tuerca a la reforma laboral y el PP paga los favores a la patronal, parece que todavía los sobres y la caja B no han cumplido y tienen que seguir pagando con estas medidas", ha manifestado, lamentado que "se faciliten aún más los despidos y la tramitación de los ERE".

Más aún, Centella ha hecho hincapié en que se trata de "dar el poder a la empresa", al tiempo que ha asegurado que de esta forma se persigue "el cumplimento de las obligaciones de Rajoy con quienes le han financiado sus campañas electorales".